Cali, 6 de junio de 2024.

Después de diversas intervenciones públicas en las que el presidente Petro ha planteado la necesidad de reformar el Estado colombiano para superar el bloqueo y el saboteo institucional a sus reformas, hemos llegado al momento y a la necesidad de clarificar una serie de conceptos y categorías políticas y jurídicas que hacen parte del debate actual (“poder constituyente”, “proceso constituyente”, Asamblea Nacional Constituyente ANC).

Se hace necesario ese ejercicio por cuanto ‒en verdad‒ el primer mandatario ha utilizado esos términos, incluyendo lo del “poder constituyente” en forma indiscriminada y algo desordenada, y además, sus contradictores y los medios de comunicación “prepagos”, se han encargado de “enredar el asunto” para centrarse sólo en el asunto jurídico y procedimental de una posible convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente ANC.

Para contribuir con la tarea de clarificar ese tema, es pertinente y útil referirnos ‒breve y puntualmente‒a los procesos constituyentes que se han realizado en nuestro país (Colombia) y en los países vecinos como Venezuela, Ecuador, Bolivia y Chile, a fin, no sólo de entender los términos, conceptos y categorías, sino para elaborar lecciones importantes que esos procesos constituyentes nos han dejado a lo largo de las últimas tres (3) décadas.

Para llegar al momento de convocar una ANC es necesario recorrer un camino anterior. A ese recorrido se le puede llamar “proceso”. Es importante entender, antes que todo, que existen diversos “procesos constituyentes” que se corresponden con la historia de los países, con la naturaleza de las diferentes clases y sectores sociales que impulsan cambios constitucionales, y, sobre todo, con la correlación real entre las fuerzas sociales y políticas enfrentadas.

El proceso constituyente colombiano de 1991

En el caso de Colombia en 1991, el “proceso constituyente” venía en desarrollo desde hacía varias décadas. Por un lado, las luchas por la tierra de campesinos e indígenas que tomaron fuerza entre los años 60s y 70s del siglo XX, y que, de alguna manera tuvieron continuidad con las movilizaciones locales de los años 80s que se centraban en servicios públicos pero exigían, en el fondo, la democratización y descentralización política, administrativa y fiscal.

Por otro lado, en paralelo con el desarrollo de esas luchas estaba presente la lucha insurgente de las diversas guerrillas y movimientos armados que surgieron durante ese período, que aspiraban canalizar el esfuerzo e interés de los movimientos sociales para realizar una revolución social similar a la cubana (o a la rusa, china, etc.), y que, aunque no tenían en la mira una ANC, con su accionar político-militar hacían parte de ese “proceso constituyente” (que de alguna manera asumía una forma “destituyente”).

Además, estaban los sectores más avanzados y lúcidos de las clases dominantes, que cómo los primos Lleras (Alberto y Carlos) y otros políticos en los años 60s, habían intentado reformas parciales en diversos temas para canalizar esas luchas sociales hacia la llamada “institucionalidad democrática” u otros, como Alfonso López Michelsen, que desde su gobierno (1974-78) ya había propuesto una “pequeña constituyente” para impulsar políticas neoliberales que estaban en construcción y desarrollo en el mundo occidental y capitalista[1].

De igual forma, dentro de ese “proceso constituyente” anterior a 1991, se puede ubicar el Acto Legislativo 1 de 1986 que aprobó la elección popular de alcaldes y se inició un tímido proceso de descentralización política, administrativa y fiscal (Decreto 77 de 1987), que como se demostró posteriormente, requería de cambios estructurales en el funcionamiento del Estado, que fue lo que se hizo a partir de 1991 pero no con visión democrática sino neoliberal.

Es decir, el “proceso constituyente” estaba en desarrollo en Colombia pero el “pueblo” y los sectores más avanzados de ese pueblo, no eran conscientes de su propio “poder constituyente”, mientras que la oligarquía necesitaba con cierta urgencia implementar los cambios estructurales que habían sido aprobados en el “Consenso de Washington”, para impulsar la “apertura económica” y la modernización del Estado con todo su paquete neoliberal.

Así, el “poder constituyente” fue manipulado desde las clases dominantes para convocar la ANC, canalizar el espíritu de cambio que había surgido con la desmovilización del M19 en 1990, aprobar una Constitución Política “garantista” con el espíritu de un “Estado social de Derecho”, reconocer numerosos derechos fundamentales, pero, a la vez, implementar todas las transformaciones neoliberales que venían construyendo en Chile bajo el poder de Pinochet.

Claro, la apuesta de los principales dirigentes del M19 era interesante y viable. Se trataba de aprovechar el “proceso constituyente” protagonizado por el pueblo colombiano durante varias décadas para incrustarse en las instituciones estatales y, desde allí, continuar acumulando fuerza popular para poder conseguir los cambios estructurales que los trabajadores y las comunidades rurales venían trabajando e impulsando desde los años 50s y 60s. Sin embargo, eso no sucedió.

Por una parte, el grueso de las más importantes fuerzas insurgentes (Farc, Eln) no hicieron parte de esa iniciativa. Algunos grupos pequeños (PRT, MAQL, CRS[2]) se desmovilizaron y participaron en la ANC, pero el conflicto armado era usado por la oligarquía para chantajear a........

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