[Caricatura de Carlos Latuff]

Este artículo intenta analizar el alcance, la evolución y los factores materiales que impulsan la prolongada campaña de Estados Unidos para el cambio de régimen en Venezuela. Sostiene que la política estadounidense, que abarca tanto a los gobiernos republicanos como a los demócratas, constituye una forma de guerra por los recursos —que oscila entre métodos de baja intensidad y agresiones abiertas— impulsada fundamentalmente por la necesidad imperiosa de asegurar y controlar los vastos recursos naturales de Venezuela.

Contexto histórico

Tras el descubrimiento de vastas reservas de petróleo a principios del siglo XX, las empresas estadounidenses y europeas, en particular Standard Oil y Royal Dutch Shell, establecieron una presencia dominante. Si bien la Ley de Hidrocarburos de 1943 inició un proceso gradual de recuperación de las rentas de los recursos, la verdadera nacionalización no se logró hasta 1976 con la creación de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA). Sin embargo, como observó Bernard Mommer (2002), se trató de una nacionalización meramente «formal» y no «real». Los antiguos concesionarios recibieron una compensación y la dirección ejecutiva de PDVSA, la Gerencracia, cultivó una cultura interna similar a la de un «Estado dentro del Estado». Operando con una lógica transnacional en lugar de nacionalista, dieron prioridad a las colaboraciones estratégicas con grandes empresas extranjeras (como Exxon, Shell y ConocoPhillips) y a la reinversión en el extranjero, en lugar de financiar íntegramente las necesidades de desarrollo interno del Estado venezolano (Coronil, 1997).

El paralelo político a esto fue el pacto Punto Fijo (1958-1998), un acuerdo de reparto del poder establecido entre los partidos socialdemócrata Acción Democrática (AD) y demócrata cristiano COPEI. Este acuerdo constituyó un grupo comprador de élite que gestionó con éxito la distribución de los ingresos petroleros a través del clientelismo, creando así una ilusión de estabilidad y, al mismo tiempo, institucionalizando la posición estructural de Venezuela como exportador dependiente. En las décadas de 1980 y 1990, esta estructura económica y política predominante se enfrentó a una grave crisis. El paquete de ajuste estructural impuesto por el FMI en 1989, comúnmente conocido como El Caracazo, que provocó un malestar popular generalizado que el Estado reprimió violentamente, y la corrupción generalizada que caracterizó la posterior administración del presidente Carlos Andrés Pérez, erosionaron irrevocablemente la legitimidad del pacto (López Maya, 2005).

En este vacío, ascendió Hugo Chávez, un teniente coronel que había liderado sin éxito un golpe de Estado en 1992. Elegido en 1998 con un programa anticonformista y nacionalista, la victoria de Chávez supuso un cambio fundamental. Su programa político, conocido como la Revolución Bolivariana, tenía como objetivo explícito desmantelar la dependencia económica de Venezuela en el sistema mundial. La Constitución de 1999 consagró legalmente la soberanía del Estado sobre los recursos naturales. El punto de inflexión crucial se produjo en 2001 con la promulgación de 49 leyes habilitantes, la más significativa de las cuales fue la nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos. Esta legislación obligaba al Estado, a través de Petróleos de Venezuela (PDVSA), a mantener una participación mayoritaria mínima del 51 % en todas las empresas conjuntas relacionadas con la producción primaria de hidrocarburos. Además, aumentó sustancialmente las tasas de regalías sobre la producción de petróleo del 1 % al 16,6 % para los proyectos, destinando los ingresos al desarrollo social nacional (Wilpert, 2007).

La respuesta oligárquica se manifestó en el golpe de Estado respaldado por Estados Unidos en abril de 2002 y el posterior embargo petrolero (paro petrolero) de 2002-2003 . Durante este período, el personal directivo y técnico de PDVSA cesó sus operaciones, lo que provocó pérdidas por valor de miles de millones de dólares. El régimen chavista logró sofocar el intento de golpe de Estado. Más de 18 000 empleados de PDVSA leales al antiguo régimen fueron despedidos y la empresa quedó subordinada obligatoriamente al Ministerio de Energía y a los objetivos políticos del Estado. Esta acción constituyó una verdadera nacionalización, una confiscación decisiva de los activos de los vestigios de la clase gerencial compradora reinante.

La PDVSA reorientada se convirtió en la base financiera del proyecto bolivariano. Entre 1999 y 2013, el Gobierno canalizó los ingresos del petróleo hacia numerosas «misiones» sociales, centradas en la salud (Barrio Adentro), la educación (Robinson, Ribas), la seguridad alimentaria (Mercal) y la vivienda. Estas iniciativas dieron lugar a mejoras significativas: las tasas de analfabetismo se redujeron sustancialmente, la matriculación universitaria aumentó de forma espectacular y las tasas de pobreza descendieron del 55 % en 1995 al 27 % en 2012, con una caída de la pobreza extrema del 25 % al 8 % en el mismo periodo (Weisbrot et al., 2009). Fundamentalmente, Chávez también utilizó la diplomacia petrolera para establecer un bloque contrahegemónico. Esta iniciativa incluyó la fundación de Petrocaribe en 2005, que proporcionaba petróleo subvencionado a los países del Caribe y Centroamérica, y la promoción de organismos regionales como el ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América) y la UNASUR, excluyendo específicamente a Estados Unidos y Canadá (Serrano, 2015).

El Estado chavista transformó a Venezuela de un administrador neocolonial del rentismo imperial a un Estado tapón semiperiférico. Elevándose por encima del control directo tanto de la antigua oligarquía nacional como del capital transnacional, utilizó las rentas de los recursos para atender las demandas de la clase trabajadora del país (el pueblo). Al recuperar la plusvalía que anteriormente había enriquecido al capital extranjero y a la élite nacional, el movimiento chavista inspiró una «marea roja» en toda América Latina. Para el imperialismo estadounidense, este estado tapón debía ser demolido para restaurar el anterior circuito de capital, más rentable, y reafirmar el control disciplinario sobre el hemisferio.

Guerra de baja intensidad y desestabilización (eras Bush-Obama)

La respuesta de Estados Unidos a Chávez, que abarcó dos administraciones, fue un período de «guerra de baja intensidad». Este esfuerzo tenía como objetivo el cambio de régimen mediante una combinación de acciones encubiertas, la manipulación de la sociedad civil y una incipiente guerra económica.

La participación de la administración Bush en el intento de golpe de Estado en Venezuela en 2002 está ampliamente documentada. Antes del golpe, la Fundación Nacional para la Democracia (NED) aumentó significativamente su apoyo financiero a las organizaciones de la oposición venezolana, incluida la federación empresarial Fedecámaras y la confederación sindical CTV, presuntamente corrupta, que se convirtieron en los principales organizadores del golpe. Durante el propio evento, la CIA proporcionó, según se informa, información de inteligencia y evaluaciones de la situación que confirmaban que el presidente Chávez había «dimitido» (Golinger, 2007). Inmediatamente después, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, a través de su portavoz Philip Reeker, atribuyó la violencia contra los manifestantes a Chávez, afirmando que había «reprimido manifestaciones pacíficas». Aún más crítico fue el hecho de que la Casa Blanca, a través de su secretario de prensa Ari Fleischer, se abstuviera de condenar el golpe y, en cambio, ofreciera comentarios opacos sobre la necesidad de «adherirse a los procesos democráticos» (Rohter, 2002).

Bush reconoció rápidamente al gobierno ilegítimo de facto de Pedro Carmona a las pocas horas del golpe. El «Decreto Número 1» de Carmona disolvió unilateralmente la Asamblea Nacional, la Corte Suprema y la Constitución, al........

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