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En el Perú que se encamina al 2026, el poder se mide en toneladas de sedimento removido, en dragas sobre ríos amazónicos y en votos reunidos en zonas donde el Estado llega tarde. La minería ilegal no es ya un fenómeno de frontera: es un actor político que aprendió a moverse dentro de los partidos, a negociar en comisiones, a empujar pre dictámenes y a olfatear vacíos de ley.

La evidencia reciente es incómoda: al menos diez aspirantes al Congreso en cinco regiones compiten con sanciones por extracción ilícita o como dirigentes de gremios que exigen “flexibilizaciones”, y lo hacen dispersos en distintas bancadas. No hablamos de una bancada monotemática, sino de una infiltración transversal, con Perú Libre y Podemos Perú en primera línea.

En el Congreso, además, los respaldos no son marginales: la ampliación del régimen de transición a la formalidad recibió votos mayoritarios de Fuerza Popular, Renovación Popular, Somos Perú, Podemos Perú, Bloque Magisterial, Avanza País, Perú Libre y Juntos por el Perú–Voces del Pueblo. Es decir, de todo el espectro político. El método es claro: entrar por las listas y luego doblar la norma desde adentro.

El Reimnfo, un sistema que se ha convertido en una suerte de barril sin fondo para ampliar indefinidamente el estatus de los mineros, se........

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