Una oportunidad para la indispensable reinstitucionalización, por Jesús María Casal

Se está desarrollando el proceso de selección de quienes serán titulares del Ministerio Público y de la Defensoría del Pueblo, instituciones que de acuerdo con la Constitución son fundamentales para la garantía de la legalidad y del Estado de Derecho en general, así como de los derechos humanos. Los pasos dados para abrir el camino a estas designaciones merecerán valoración positiva si ello hace posible una verdadera renovación, mediante la designación de personas que respondan a exigencias de independencia e imparcialidad, honorabilidad, y al perfil funcional específico de cada cargo. Esta renovación debería incluir al titular de la Contraloría General de la República, pero limitaremos el presente análisis a las dos instituciones arriba mencionadas.

Tanto la Fiscalía General de la República (o Ministerio Público) como la Defensoría del Pueblo han estado alejadas en los últimos años de su misión constitucional. La primera ha apuntalado la represión y persecución política, la segunda, ha omitido cumplir su papel de defensor de los derechos humanos de todos. Las experiencias sobre la actuación de ambos organismos en la fase inicial de vigencia de la Constitución, que podían augurar un desarrollo institucional favorable, se vieron luego desdibujadas y no faltaron señales de que no se podía ser fiel a la Constitución, pues ello podía costar la permanencia en la función, como sucedió en los casos de los Dres. Dilia Parra y Javier Elechiguerra.

El Ministerio Público no solo ejerce la acción penal en nombre del Estado y dirige la investigación penal sobre la comisión de hechos punibles, como parte de sus atribuciones principales, sino también vela por la legalidad, el derecho a la defensa y los demás derechos humanos en los procesos judiciales y por la........

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