“Se pueden decir mentiras sin ser un mentiroso. Pero las hipocresías exigen ser un hipócrita.”

Apenas ayer, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, acusó a un juez federal de ordenar la liberación de quienes están acusados de integrar el Cártel de Santa Rosa de Lima, entre ellos el hijo de “El Marro”, líder de dicha organización criminal. Excusa perfecta —como si le faltase al régimen obradorista— para machacar con fuerza la idea de la reforma al Poder Judicial. En la mañanera, el presidente López Obrador ya le adjudicó a la supuesta corrupción de esta rama del Estado el haber procedido como lo hizo. La realidad es distinta: las averiguaciones previas de los agentes del Ministerio Público y los procesos de las fiscalías locales y general de la República en general están pésimamente mal llevados a cabo.

Se le puede decir a Rosa Icela, a Andrés Manuel y a todo aquel que dirige su dedo flamígero contra el actuar de los integrantes del Poder Judicial: ¡No se hagan! Para el narco es más fácil presionar o comprar a los diversos actores que componen a las fiscalías que a un juez. Si los agentes del Ministerio Público, ya sean estatales o federales, integraran bien sus carpetas y las órdenes de aprehensión, y si estos actores fueran honorables y capacitados, habría más y mejor impartición de justicia. Esa es la verdad.

Existe una infinidad de ejemplos de carpetas y procesos mal llevados por las fiscalías (ya sea adrede, por falta de pericia, de oficio o como producto de amenazas o sobornos) que no le dejan otra opción al Poder Judicial que liberar criminales. De hecho, si uno fuera un poquito mal........

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