El poder puede sostenerse en el discurso durante un tiempo. Pero ningún proyecto político resiste indefinidamente cuando la realidad contradice la narrativa. Hoy, en el llamado “segundo piso” de la Cuarta Transformación, la distancia entre el relato y los datos comienza a volverse cada vez más evidente.

La llamada 4T, emblema del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, se construyó sobre una narrativa eficaz: cambio histórico, transformación moral, ruptura con el “neoliberalismo”. El discurso logró mantener altos niveles de aprobación apelando a símbolos poderosos —combate a la corrupción, “primero los pobres”, austeridad republicana— y a frases simples que conectaron con el hartazgo social.

Sin embargo, cuando ese relato se contrasta con indicadores económicos, laborales, de seguridad y de servicios públicos, la brecha se vuelve cada vez más profunda.

Desde 2018 se prometió crecimiento por encima del promedio del periodo “neoliberal”, reducción sostenida de la pobreza, pacificar al país, acabar con la corrupción y el nepotismo, un mejor sistema de salud, soberanía energética, estabilidad económica y un larguísimo etcétera.

Aunque el gobierno ha presumido cifras récord de Inversión Extranjera Directa y en 2024 se reportaron más de 36 mil millones de dólares, hay un detalle que importa: buena parte corresponde a reinversión de utilidades, no a nuevos proyectos productivos.

El componente de nuevas inversiones —que refleja expansión real— registró uno de sus niveles más bajos en décadas. Las empresas ya instaladas permanecen, sí, pero el capital fresco no.

En el mercado laboral ocurre algo similar. Aunque el salario mínimo aumentó y el empleo formal muestra cifras positivas, la informalidad supera el 54% de la población ocupada según el INEGI. Más de la mitad de los trabajadores carecen de seguridad social y millones han recurrido a retiros parciales de sus AFORE por desempleo, comprometiendo su futuro pensionario.

Si el empleo fuera tan sólido como se presume, el comercio informal no desbordaría calles en la CDMX y en prácticamente todo el país.

Seguridad y militarización

La estrategia de “atender las causas” fue presentada como el eje para pacificar al país. Sin embargo, aunque existen reportes oficiales con reducciones recientes en homicidios, el sexenio pasado cerró como uno de los más violentos en términos absolutos.

Registros del propio INEGI documentan tasas muy superiores a las previas a 2018 y, al violento contexto se suman asesinatos de autoridades locales y la consolidación territorial de grupos criminales en distintas regiones.

Organismos como la ONU y Human Rights Watch han advertido sobre la creciente militarización de la seguridad pública y la prevalencia de altos niveles de impunidad, que en muchos delitos superan el 90%. Paradójicamente, este incremento se da cuando la participación de las fuerzas armadas en tareas civiles se amplió de manera significativa, pese a que el discurso original prometía un enfoque distinto.

Salud, educación y la erosión institucional

En salud, la promesa de un sistema comparable al de Dinamarca quedó lejos de materializarse. La desaparición del Seguro Popular, los problemas de abasto de medicamentos y la transición institucional generaron incertidumbre y dejaron sin acceso a millones de usuarios.

En educación, estudios nacionales e informes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos han señalado rezagos en aprendizaje y cobertura tras la pandemia, además están las controversias por el contenido y orientación de los nuevos materiales educativos.

Y mientras el discurso condenaba el nepotismo como “lacra del pasado”, la presencia de familiares, compadres y cercanos en posiciones estratégicas alimenta la percepción de que el cambio prometido no fue como se anunciaba.

Durante años, la narrativa oficial atribuyó los problemas al legado de gobiernos anteriores, particularmente al de Felipe Calderón. Pero tras más de un sexenio en el poder, el margen para responsabilizar exclusivamente al pasado se agotó.

La ciudadanía comienza a exigir resultados tangibles, no explicaciones en el pasado.

La brecha entre relato y datos no es un debate técnico: tiene implicaciones en la confianza institucional y en la estabilidad democrática y, aunque en el discurso oficial los indicadores se muestres de forma parcial o triunfalista, los ciudadanos experimentan una realidad muy diferente de inseguridad y servicios deficientes.

La credibilidad del Estado se erosiona y sin datos sólidos que respalden el relato, cualquier proyecto de nación se tambalea.

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