Hablemos con franqueza: el problema central del sistema de justicia mexicano no es la corrupción, ni la falta de presupuesto, ni siquiera la reciente reingeniería del Poder Judicial. Es el rezago. Todo lo demás —impunidad, desconfianza ciudadana, justicia selectiva— es síntoma de un sistema que acumula más asuntos de los que resuelve, año tras año, década tras década.

Los números no admiten interpretación benévola. Según el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal y Federal 2025 del INEGI (datos de 2024), los poderes judiciales estatales recibieron 2,205,864 asuntos y concluyeron 1,403,597: cada año queda sin resolver más de una tercera parte de lo que ingresa. En materia penal, al cierre de 2024 había 503,937 causas pendientes de concluir entre el fuero federal y los fueros locales. Del lado de la procuración, el panorama es peor: la Fiscalía General de la República tenía en trámite 136,256 carpetas de investigación, de las cuales apenas el 7.14% llegó a sentencia. Y la ENVIPE 2025 confirma la consecuencia social de este colapso: el 93.2% de los delitos ni siquiera se investiga. Quien litiga lo sabe sin necesidad de censos: un juicio mercantil con sus instancias y amparos puede consumir un sexenio; uno penal, la vida útil de las partes.

Frente a este diagnóstico, sostengo dos soluciones. Una incomodará a los procesalistas ortodoxos; la otra, a los nostálgicos del expediente cosido con hilo.

Primera: eliminar el amparo para efectos

El amparo para efectos —esa figura derivada del artículo 77 de la Ley de Amparo, que en lugar de resolver el fondo ordena a la responsable reponer el procedimiento o dictar nueva resolución purgando vicios— es la máquina de........

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