Durante los últimos años, hemos sido testigos del acelerado crecimiento de un ‘nuevo’ cáncer que desgarra el tejido social, económico, político, institucional y ambiental de nuestra sociedad: las economías ilegales. En 2021, se estima que estas actividades generaron al menos 7,500 millones de dólares anuales, superando así la pérdida económica ocasionada por la corrupción y la inconducta funcional, la cual se calculó en aproximadamente 6,500 millones de dólares en 2023, equivalente a 2.4% del PBI.

Las economías ilegales tienen un grave impacto en diversos ámbitos. En 2024, El Comercio reportó 369 víctimas de sicariato, y Global Witness ubicó a Perú entre los diez países más peligrosos para defensores ambientales, lo que evidencia el riesgo directo en seguridad ciudadana y ambiental. La minería ilegal, el cultivo de coca y la acelerada deforestación en la Amazonía también vienen afectando los ecosistemas y agravan la crisis climática, visible en el estrés hídrico que enfrenta el norte del país. A esto se suma el incremento del tráfico de vida silvestre, la pesca ilegal, el contrabando, la trata de personas, el tráfico de terrenos........

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