12/03/202411/03/2024 Fachada del Tribunal Supremo, Madrid.- Juan Antonio Segal

Estoy seguro de que si pasamos una encuesta a la gente que pasa por la calle -no es necesaria una muestra equilibrada según las variables de edad, sexo, profesión, etc.- la respuesta mayoritaria en relación con la afirmación del título de este artículo sería la de su falsedad en un alto porcentaje. A lo sumo dirán los encuestados que son igualmente criticables los jueces y los ciudadanos, pero no que los primeros puedan ser más susceptibles de críticas que los primeros. ¿Explicación? España no es un país semejante a los países europeos occidentales en un buen número de caracteres. Estos países viven en democracia desde la segunda guerra mundial; nosotros, solo desde 1978. Los valores de la dictadura todavía nos llegan y presionan. Entre ellos el respeto a salvo de crítica ajena de los intocables y temidos jueces.

Algunos jueces actuales también contribuyen a esta opinión cuando frecuentemente piden amparo a sus superiores y arremeten contra sus críticos, afirmando que atentan a su dignidad.

Expongo los argumentos para sostener la veracidad del título de este artículo:

En relevantes medios de comunicación de nuestros días una constante perorata es el atentado que se produce contra el honor de los jueces, a los que se les acusa injustamente de lawfare desde las instancias del Parlamento e incluso del Gobierno. Protestan de que se ponga en entredicho el honor de los jueces y, consecuentemente, la separación de poderes. Sin embargo, estas opiniones taxativas van contracorriente de la jurisprudencia. En mi libro Libertades públicas exponía ya en 1990 el cambio de algunas sentencias resolviendo la prevalencia de la libertad de expresión sobre el honor de los jueces, siendo muy sonada la sentencia del Tribunal Supremo de 1988, enmendando a la Audiencia Territorial de Sevilla, en la que el alto tribunal declaró que la expresión "la justicia es un cachondeo", proferida por el alcalde de Jerez de la Frontera, era una manifestación de esa libertad y prevalecía contra el honor de los jueces afectados. La expresión del alcalde respondía al hecho de que la citada Audiencia había impedido el derribo del chalet del cantante Bertín Osborne exigida por el Consistorio municipal. Fíjense en la fecha temprana: 1988. La jurisprudencia constitucional, por su parte, ha dictado en ocasiones el sacrificio del honor de los jueces a costa de la prioridad de la libertad de expresión.

Los ciudadanos deben saber que el derecho........

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