02/01/202401/01/2024 El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte. - Carlos Luján / EUROPA PRESS

Publiqué en 1990 mi libro Libertades públicas. Significado, fundamentos y estatuto jurídico, en el que un capítulo, a contracorriente, estaba dedicado a la libertad de expresión y la crítica al jefe del Estado. Algunos compañeros de la Facultad de Derecho me advertían de que me había pasado "al meterme con la Corona" y de que podía recibir críticas, y así fue, en efecto. Eran tiempos de admiración por la figura del rey Juan Carlos I, salvador de la democracia, que disfrutaba en las encuestas la aceptación de un 80%. Hoy el rey emérito es objeto de toda clase de críticas públicas, y no solo como rey, sino como persona.

La crítica política al actual monarca español, Felipe VI, es ya un hecho ordinario. Las réplicas en los medios a su discurso de Navidad eran impensables en los años ochenta. Lo que no imaginaba es que en 2023 tendría que publicar un artículo de prensa, a contracorriente también, en contraste con la opinión de asociaciones de jueces y de fiscales y de principales órganos de la justicia española, defendiendo las comisiones parlamentarias de investigación para examinar asuntos relativos al lawfare, también conocido como "guerra judicial", que podemos definir como la instrumentación de los jueces contra adversarios políticos. Seguro que también ahora compañeros de Facultad me dirán que "me he pasado", pero tengo la plena convicción de que ni "me pasé" en 1999, como ya es obvio, ni ahora en 2023.

La protesta de jueces y fiscales contra la inclusión de casos de lawfare en las comisiones de investigación parlamentarias

Despertó la caja de los truenos en la judicatura española la inclusión del término lawfare en el pacto PSOE-Junts y la creación de comisiones parlamentarias para la investigación de tales prácticas. Todas las asociaciones de jueces, que representan el 50% de sus miembros, más o menos, clamaron contra esa inclusión. El pacto alcanzado -afirman en una declaración conjunta- comporta "una evidente intromisión en la independencia judicial y la separación de poderes". También las asociaciones de fiscales criticaron la declaración de jueces en comisiones parlamentarias en supuestos de lawfare. La Unión Progresista de Fiscales adujo que "es inadmisible la creación de comisiones de investigación en sede parlamentaria sobre actuaciones judiciales, ya que pervertiría completamente el sistema constitucional de separación de poderes".

La conservadora Unión de Fiscales no se quedó atrás en la crítica y aseguró en su declaración que las comisiones de investigación son "un ataque sin precedentes a la independencia judicial que se traduce en un desprecio absoluto por nuestro Estado de Derecho". El presidente en funciones del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Guilarte, afirmó que se vulneraba la separación de poderes. Se refiere a "una sectaria iniciativa, dañina para nuestras instituciones... Ante la espuria finalidad es este tipo de mecanismos contrario a la separación de poderes". Una atrevida declaración dando lecciones de constitucionalismo y democracia del presidente de un órgano que lleva ya más de cinco años incumpliendo a diario la Constitución, sin el más mínimo rubor. Ya ven que no se andan nuestros jueces y fiscales con chiquitas en su oposición al conocimiento parlamentario de casos de lawfare.

La referencia del citado pacto al lawfare fue suprimida, pero ello no fue óbice para que continuara la protesta de miembros de la judicatura y de la fiscalía. Finalmente se crearon varias comisiones de investigación parlamentarias para la indagación del lawfare en relación con la llamada operación Cataluña del Gobierno Rajoy y la utilización por el CNI del programa Pegasus contra separatistas catalanes y miembros del Gobierno PSOE.

Argumentos para la creación de........

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