2025 será recordado como el año del rearme europeo. Ursula von der Lyen disparó el tiro de salida en marzo, con la presentación del plan Rearm Europe: flexibilidad financiera para alcanzar el objetivo de dedicar el 3,5% del PIB de cada Estado miembro a Defensa. Todos los gobiernos – también el español – aprobaron el plan, que prevé que el gasto militar extra no compute en el límite de deuda impuesto por las normas europeas a los Estados. Un privilegio del que no disfrutan otros capítulos del gasto público, como la sanidad, las pensiones o las inversiones en transición ecológica. Como veían que no se caía, fueron a llamar a otro elefante: en junio, todos los países europeos miembros de la OTAN (excepto España) se plegaron a la exigencia de Donald Trump de llevar el incremento del gasto militar al 5% del PIB, una cifra aun más desorbitada, que permitiría por ejemplo descarbonizar el sector energético europeo en solo 5 años.

La justificación de esta escalada belicista es la supuesta amenaza de Vladimir Putin, ante el que Europa estaría indefensa. Putin ha negado en múltiples ocasiones que tenga la intención de invadir ningún país de la OTAN y se ha mostrado dispuesto a adquirir compromisos firmes en ese sentido. Aunque la invasión de Ucrania obliga a cuestionar las promesas del dictador ruso, lo cierto es que Rusia no tiene la capacidad de invadir Europa: el gasto militar ruso supone menos de la mitad del de la Unión Europea, y Putin ni siquiera ha sido capaz de ocupar totalmente Ucrania. Pero la realidad es secundaria cuando se trata de activar el pánico entre la opinión pública.

El rearme europeo ya tiene sus primeros ganadores: los traficantes de armas. En 2024, las principales empresas armamentísticas del mundo obtuvieron los

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