30/11/2024 El Primer Ministro israelí, Benjamin Netanyahu estrecha la mano del presidente francés, Emmanuel Macron, durante una conferencia de prensa tras su encuentro. Kobi Gideon/ Europa Press.

La colaboración europea con Israel desde el inicio de la invasión de Gaza y el subsiguiente genocidio es quedar patente. No únicamente hablamos del continuo envío de material militar necesario para el mantenimiento de las graves violaciones a los derechos humanos en Gaza y Líbano (lo que llevó a Nicaragua a demandar a Alemania ante la Corte Internacional de Justicia por su estrecha colaboración con Israel), sino que dicho respaldo se ha venido traduciendo en apoyo diplomático, mediante el mantenimiento de las relaciones diplomáticas con el Estado israelí. Y también jurídico, toda vez que Francia afirmó el pasado 27 de noviembre que reconocerá la inmunidad del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, frente a la orden de detención dictada por la Corte Penal Internacional ante los crímenes que se le imputan: crimen de guerra de inanición como método de guerra y los crímenes de lesa humanidad de asesinato, persecución y otros actos inhumanos. ¿Qué significa esto en la práctica? Que, más allá del incumplimiento de la obligación de todo Estado que forma parte de la Corte de colaborar en la ejecución de las órdenes de detención, Francia, el tercer mayor contribuyente al presupuesto del Tribunal en 2024, está yendo en contra de su posición inicial sobre este tema (pues, en su momento, apoyó públicamente la orden). Y lo que es más sorprendente si cabe: este cambio de posición choca con los precedentes que tenemos al respecto. Me explico.

Para entender el cambio de la posición de Francia respecto a esta orden y sus derivadas, hemos de incidir brevemente en parte del funcionamiento interno de la Corte Penal Internacional.

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