25/11/202425/11/2024 El rey Juan Carlos I, dos años antes de su abdicación, en la Cumbre Iberoamericana celebrada en Cádiz. REUTERS/Jon Nazca

Un grupo de juristas, constitucionalistas y periodistas, bajo la dirección letrada del magistrado emérito José Antonio Martín Pallín y el abogado Eduardo Ranz (autor de No matarás. Memoria civil, editorial Catarata) y en el ejercicio de la "acción popular" han puesto una querella criminal contra el rey emérito, Juan Carlos de Borbón, a la que ha tenido acceso Público. La querella ha sido interpuesta ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, ya que, como recordarán nuestros lectores, antes de su abdicación en 2014, forzada por la peste a corrupción y la estafa de sus cuatro décadas como jefe de Estado, el rey emérito fue aforado ante el alto tribunal (art.55 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial), tal y como recuerda el texto de la querella conocida este lunes.

Y ustedes se estarán preguntando cómo es posible una querella criminal contra el emérito si ya se concluyó que Juan Carlos había regularizado su situación tributaria o sus delitos estaban prescritos. El propio emérito reconoció éstos cuando ejecutó varias regularizaciones fiscales; también lo hizo su hijo y jefe de Estado sucesor cuando decidió que su padre debía irse de España. Por supuesto, y en su línea, Juan Carlos se instaló en Abu Dabi, en Emiratos Árabes Unidos (EÁU), un Estado off shore donde el emérito tiene a buen recaudo, gracias a los dictadores emiratís, sus hermanos, su fortuna desconocida pero que se presume abultada.

Los querellantes afirman y exponen de forma muy bien argumentada, al margen de lo que vaya a decidir el Supremo, que "los efectos de la regularización" de su situación tributaria que........

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