La detención de Luis Alberto Arce Catacora, ocurrida el 10 de diciembre de 2025 en la ciudad de La Paz, no constituye una sorpresa histórica ni un quiebre institucional inesperado. Es, más bien, el desenlace previsible de un ciclo vicioso que se ha normalizado en la política boliviana: la judicialización del adversario político y el uso del sistema penal como instrumento de revancha entre élites que se alternan en el poder. En Bolivia, los expresidentes ya no escriben memorias en retiro discreto; comparecen ante fiscales, jueces y cárceles, atrapados en una rueda de persecuciones cruzadas. Arce no es una excepción: es el último eslabón de una cadena que desnuda la fragilidad del Estado de derecho.

El patrón es conocido y debe describirse sin eufemismos. Jeanine Áñez, durante su presidencia interina, impulsó procesos contra Evo Morales y su entorno, obligándolo al exilio y empujando a varios de sus exfuncionarios a refugiarse en embajadas o enfrentar prisión preventiva. Con el retorno del MAS al poder en 2020, Arce utilizó ese mismo aparato judicial para encarcelar a Áñez y a Luis Fernando Camacho. El mensaje fue contundente: quien se opone con firmeza al poder terminar en la cárcel. Hoy, bajo el gobierno de Rodrigo Paz Pereira, Arce recibe la misma medicina que aplicó. La justicia, lejos de ser un árbitro imparcial, ha operado como un apéndice del Ejecutivo de turno, convertida en arquitectura deliberada de dominación política.

Para comprender la caída de Arce es necesario revisar su biografía intelectual y política. Economista formado en........

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