Cuando se publique esta mi opinión, la Asamblea Legislativa estará por elegir y ojalá lo logre hacer, al nuevo Fiscal General del estado. No se trata de cualquier funcionario, sino según ordena la CPE -disculpen mi crónica ingenuidad- de la principal autoridad jerárquica del Ministerio Público encargado de defender la legalidad, los intereses de la sociedad (usted, yo, nosotros) y ejercer la acción penal pública (una suerte de Abogado de la víctima de los delitos), debiendo ejercer sus funciones con autonomía funcional aplicando entre otros los principios de legalidad, oportunidad, objetividad y responsabilidad. No es pues un funcionario de quinta, sino del principal garante de legalidad del estado.

Junto con los Fiscales Departamentales, de Materia y personal de apoyo, defiende a la víctima de los delitos públicos representando de esa manera al estado y a la sociedad que resulta afectada por los crímenes. Debería -junto con la colectividad y los órganos públicos- definir la política criminal oficial y, por supuesto, liderarla. De todos los operadores del sistema, probablemente tenga la tarea más compleja pues por esa orden constitucional y razón doctrinal latinoamericana, debe ser objetivo lo que le obliga no solamente ser acusador como caballo cochero, sino también como garante de legalidad que es, velar por los derechos de su parte contraria. El Juez “sólo........

© Noticias Fides