El sistema de pensiones del Estado en su configuración constitucional establece un sistema de protección universal, suficiente en la cuantía de la protección, público (aunque parezca tautológico quiere decir que la protección suficiente se ha de proveer por las instituciones públicas) e irregresivo (cualquier reforma tiene que mantener el sistema de protección preexistente o incrementarlo, nunca minorarlo).

En su configuración normativa el sistema es de reparto, las personas empleadas a través de sus cotizaciones financian las prestaciones de las contingencias protegidas, jubilación, fallecimiento, viudedad, orfandad y en favor de familiares y enfermedad, incapacidad permanente, temporal, absoluta o gran invalidez.

En definitiva, 20.670.000 empleados (cifra engañosa ya que en ella se incluye trabajos discontinuos, cotizaciones por bases mínimas y 30.000 millones de euros en salarios que no cotizan en la Seguridad Social al estar topadas las bases máximas de cotización) tienen que financiar 12.039,2 millones de euros en pensiones cada mes.

Casi tres cuartas partes de la nómina de pensiones contributivas corresponde a pensiones de jubilación, en concreto, el 72,9%, es decir, 8.778,1 millones de euros. A pensiones de viudedad se han destinado 2.006,3 millones de euros, mientras que la nómina de las prestaciones por incapacidad permanente asciende a 1.059 millones, la de orfandad, a 163,9 millones de euros y las prestaciones en favor de familiares, a 31,8 millones. Lo anterior genera un déficit, excluyendo las transferencias del Estado vía impuestos, es del 4% del PIB, más de 50.000 millones de euros.

El problema anterior deriva de varias circunstancias. La primera hace referencia a la que fue edad........

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