Prioridad nacional o electoral

La 'prioridad nacional' del nuevo Gobierno extremeño es un concepto lo bastante vago como para contentar a los que lo exigen y a los que lo rechazan.

El pacto de gobernabilidad en Extremadura entre el PP y Vox incluye algunas medidas que interpelan directamente al discurso centrista que utilizan los populares para hacerse con el voto de los socialistas moderados, esa especie misteriosa que los radares demoscópicos aún no han localizado. Hay que reconocer a los estrategas de Génova la tenacidad en el empeño, porque llevan más de treinta años pidiendo el voto a los socialistas a despecho del interés de sus propios votantes con un éxito, digamos, limitado: ni un puto voto añadido. Porque nadie en la izquierda española entregará jamás su confianza al Partido Popular, un hecho palmario conocido por todo el mundo menos en la sede nacional del PP, donde los dirigentes del partido siguen basando su estrategia en parecerse lo más posible a su adversario. Olé por ellos.

El acuerdo extremeño incluye la "prioridad nacional" como elemento transversal de la acción del nuevo gobierno de María Guardiola, un concepto lo suficientemente vago como para contentar a los que lo exigen y a los que lo rechazan. En última ratio, el Gobierno de Sánchez entrará a fondo en este asunto y la polémica se trasladará a la escena nacional, liberando al Gobierno extremeño de la responsabilidad de su aplicación plena tal y como aparece en el texto firmado.

La idea pretende beneficiar a los españoles más necesitados, que ven rechazadas sus solicitudes de ayudas sociales en beneficio de la población inmigrante, la única que se mantiene por debajo de los límites, ya de por sí ridículos, establecidos por la legislación para acceder al escudo social. Hay muchos españoles viviendo en la miseria, a los que se les niega el Ingreso Mínimo Vital porque viven en una casa propia aunque sea una chabola heredada de sus padres, un problema que no afecta a los que viven de alquiler, que es la inmensa mayoría de la población venida de fuera.

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La garantía del acceso de los españoles sin recursos a las redes de sustento social, que es de lo que trata el acuerdo impulsado por Vox, es una decisión que comparte la inmensa mayoría del electorado del PP. Hasta los votantes del PSOE, cuando se les pregunta, se muestran a favor. Esto hay que resolverlo, es evidente, y la vía elegida por el PP y Vox en Extremadura puede ser eficaz.

Entre aumentar las ratios de manera general o limitar el derecho a recibir prestaciones en función de los años de residencia legal en nuestro país, se ha elegido lo segundo, algo que no ha gustado nada en Andalucía, donde Moreno Bonilla quiere hacerse con los votos de La Pesoe para mantener su mayoría absoluta. Tampoco ha gustado en la dirección nacional del PP, tan progresista como Juanma Moreno pero no más, porque entonces sus miembros estarían en Podemos.

Prioridad nacional o prioridad electoral, esa es la decisión que tiene que tomar Alberto Núñez Feijóo para fijar la posición de su partido en una cuestión que tiene mucha más importancia de la que se le quiere atribuir. Estaría bien que pusiera orden en su casa y ordenara a sus barones a actuar de acuerdo con el sentido común y la opinión inmensamente mayoritaria de sus votantes. Aunque solo sea una vez. Por probar.

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