El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, durante su comparecencia tras la reunión extraordinaria del Observatorio de la Industria y de los Sectores Económicos Valencianos. / Ana Escobar / EFE

Juan Francisco Pérez Llorca llegó al Palau con los votos del PP y Vox. En estos cuatro meses ha actuado más como gestor del desgaste heredado que como impulsor de una etapa nueva. Reordenó competencias e intentó tomar distancia del núcleo más dañado por la crisis de la dana, pero ha mantenido buena parte del Consell y, sobre todo, la lógica política de Mazón.

El president Llorca ha proseguido y ampliado la agenda de rebaja fiscal impulsada por Mazón, con bajada de impuestos, ampliación de deducciones fiscales sociales y nuevas bonificaciones tributarias.

Ha continuado con la reivindicación de una mejor financiación autonómica, logrando articular un frente social amplio ante esta demanda. El pasado enero compareció junto a patronal y sindicatos para reclamar un modelo de financiación que incluyera un fondo de nivelación. Pero, mientras que con las organizaciones empresariales la relación parece sólida, con los sindicatos el conflicto se ha intensificado en sectores concretos, sobre todo en educación.

En cuanto al agua, como su antecesor, exige soluciones al Gobierno central, al mismo tiempo que ejecuta con lentitud los proyectos que dependen del Consell.

El Consell de Llorca habilitó el procedimiento para poner en marcha el Grado III+ de dependencia extrema para personas con ELA y otras patologías irreversibles de alta complejidad, y ha anunciado la creación de más de 4.000 plazas nuevas en residencias y centros de día, pero el colapso administrativo persiste. Hay casi 30.000 personas en lista de espera y los tiempos de tramitación (305 días) duplican el máximo legal.

En vivienda, el president ha convertido el Plan Vive en un emblema; sin embargo, más parece una operación de propaganda política que un plan capaz de solucionar el problema de acceso a la vivienda. Con solo el 28 % del objetivo de licitaciones cumplido a un año de las elecciones, el ritmo es insuficiente para alcanzar las 10.000 viviendas prometidas.

El Plan Vive, además, se sustenta en un modelo que prioriza el beneficio de promotores privados sobre el patrimonio público.

Por si fuera poco, el reciente escándalo de Les Naus, en Alicante, ha exacerbado las críticas por el reparto de VPO y por haber rebajado controles aprobados en 2024. En febrero se presentó una enmienda a la Ley de Simplificación para reforzar publicidad, transparencia y controles; una corrección parcial e insuficiente.

Como Mazón, el actual president ha cedido a las exigencias de Vox en cultura y lengua valenciana, planteadas con lemas tan falaces y cínicos como «libertad lingüística» y «libertad educativa».

La Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) ha sufrido un ataque persistente que ha pretendido asfixiarla política y financieramente. Los Presupuestos de la Generalitat de 2025 contemplaban un recorte para esta institución de alrededor de un millón de euros, pero además PP y Vox pactaron nuevas enmiendas que elevaron el tijeretazo en otros 800.000 euros, dejando a la AVL prácticamente sin margen operativo fuera del gasto de personal. Parte del dinero retirado se redirigió, además, a actuaciones de marcado contenido ideológico, entre ellas ayudas vinculadas a Lo Rat Penat y actividades sobre el Reino de Valencia. Como el Consell Valencià de Cultura (CVC), la AVL no ha sido clausurada gracias a su reconocimiento estatutario.

Más recientemente, el Consell de la Generalitat ha propuesto cambios curriculares que han abierto una controversia sobre la enseñanza de la literatura en valenciano. El CVC aprobó hace unos días una declaración contra un supuesto intento de censura. La conselleria niega la exclusión y habla de prioridad para quienes escriben «en valenciano». En la práctica, muchas instituciones culturales y académicas consideran que se trata de marginar a autores catalanes y baleares. Si así fuera, sería como si a los estudiantes españoles se les vetara la lectura de autores como García Márquez, Vargas Llosa, Cortázar o Neruda.

Reconstrucción posdana

Pérez Llorca ha mejorado el tono en relación con las víctimas de la dana, pero no el fondo. La fractura política y moral sigue abierta porque no ha logrado romper la percepción de continuidad con Mazón.

En febrero, el Consell aprobó un decreto con ayudas directas de 80.000 euros para familiares de fallecidos y para personas con incapacidad absoluta y permanente derivada de la catástrofe, con una dotación de 25 millones. Las víctimas lo resumieron con dureza: «No es una cuestión de dinero», sino de reconocimiento, responsabilidad, verdad y cambio de políticas.

Sin proyecto alternativo al mazonismo

El actual president no ha construido un proyecto alternativo al de Mazón porque ha mantenido gran parte del entramado humano y político heredado.

La dependencia estructural de Vox por parte del Consell se ha reforzado, debido a un condicionamiento constante en asuntos como la lengua, la educación y los discursos contra el Pacto Verde y la inmigración.

Tampoco ha sido capaz de cerrar la herida con las víctimas de la dana.

La ruptura con Mazón ha sido, por tanto, más de estilo que de programa.

Al inicio de su mandato, se apreció un esfuerzo por rebajar tono, con apelaciones al diálogo, reuniones con portavoces parlamentarios y una imagen más conciliadora, pero esa fase se ha ido erosionando. Marzo ha cerrado con un fuerte rebrote del conflicto político. La sesión de control del 26 derivó en una bronca notable que ha permitido a la oposición abrir nuevos frentes: ética pública, asfixia cultural y favoritismo. Además, la crisis de la dana sigue siendo una herida abierta mientras Mazón mantenga su acta en las Corts.

Pérez Llorca gobierna condicionado por una herencia de la que no ha querido o no ha podido desprenderse. Le pesan Mazón, su equipo y, sobre todo, la dependencia de Vox.

¿Es Pérez Llorca un rehén de este legado o está condenado por él? Es rehén mientras decida seguir atado a las personas y la lógica política de Mazón; pero estará condenado si el daño reputacional de su antecesor y la dependencia de Vox le impiden construir un proyecto propio.

Todavía puede apartarse de la funesta sombra de su predecesor y romper con la extorsión de Vox, aunque cada vez le queda menos tiempo. O rompe con esa herencia o su mandato no será el comienzo de nada, sino el epílogo del anterior.

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