La causa abierta contra el juez Garzón por su instrucción de los crímenes del franquismo se ha convertido en un nuevo episodio de la politización de la justicia española y ha desatado una polémica irresponsable y sectaria. Infatigable, osado y a veces precipitado, Garzón tiene otras dos causas abiertas y, en su larga carrera –en la que ha combatido el terrorismo, el narcotráfico y ha encausado a Pinochet y a los verdugos de la dictadura argentina– ha incomodado a los partidos políticos: al psoe, con la investigación de los gal, y al pp, con la trama Gürtel. Al declararse competente para investigar el franquismo, realizó una interpretación efectista y discutible de la ley, pero no cometió una injusticia a sabiendas. El auto, que argumentaba que el régimen había cometido crímenes contra la humanidad sobre los que no se aplicaba la Ley de Amnistía, tenía algo de gesto de cara a la galería, como demuestra la petición de entrega de los certificados de defunción de Franco y 34 de sus generales, y esa lectura simbólica se ha extendido a todo el asunto. Los medios conservadores creen que Garzón se puso por encima de la ley; la izquierda ve una persecución de la extrema derecha y los enemigos de Garzón en la judicatura, con el apoyo moral del pp. Si El País decía tras la suspensión del magistrado: “El Supremo vence al juez de la democracia”, como si los otros fueran jueces de otra cosa, el abc titulaba su........

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