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Al gobierno de Gustavo Petro no le gusta una justicia transicional como la JEP, pero con menos de dos años por delante y varias negociaciones activas, tampoco sabe qué modelo quiere. Así volvió a quedar claro en unas declaraciones del comisionado de paz, Otty Patiño, el pasado 24 de agosto a El Espectador, donde dijo que había que empezar a pensar en cerrar las justicias transicionales, pero que el gobierno tampoco piensa jugársela con un nuevo marco jurídico para las bandas criminales con las que negocia.

Además de la indecisión del gobierno, el reto de aprobar el marco jurídico tiene en el Congreso un ambiente político adverso y el reloj en contra. Por la naturaleza de las negociaciones que el gobierno tiene en curso — con bandas criminales y grupos armados, en los que hay una disidencia que violó los Acuerdos con las Farc— los trámites legislativos son exigentes y largos: pueden ir desde una reforma constitucional, hasta una adaptación de sistemas en la justicia ordinaria ya existentes.

Pero el marco jurídico para la paz es indispensable. La Corte Constitucional le dio luz verde al gobierno para dialogar con estos grupos, en la revisión a la Ley de paz total, pero le pidió tramitar un marco jurídico para desarmarlos y que respondan por sus crímenes. En esa perspectiva hay varios esfuerzos descoordinados y sin un aval claro desde la Presidencia. Aunque no hay un plan b claro, la alternativa que se dibuja es mirar qué sirve de las leyes existentes, incluyendo la justicia ordinaria, para someter a los grupos. Pero esto lanzaría un mensaje duro de tragar a las organizaciones que han avanzado en las negociaciones y esperan un tratamiento especial.

La única propuesta en el que el gobierno impulsó fue un proyecto de ley de sometimiento a la justicia, que se hundió en el Congreso a mediados del 2023, sin siquiera haber sido debatido. Desde entonces se han lanzado propuestas e ideas de funcionarios del gobierno y del mismo Petro para llenar ese hueco de la paz total. Actualmente, hay cuatro cartas sobre la mesa por parte del gobierno y de aliados suyos para darle solución a este tema, pero que aún no convencen ni tienen la fuerza suficiente.

Los diálogos de la oficina del comisionado con juristas. En sus declaraciones la semana pasada, el comisionado Patiño le dijo a El Espectador que hay una serie de proyectos relacionados con la vía del sometimiento y un marco jurídico, pero ninguno del gobierno. “El gobierno está mirando los distintos elementos porque se ha preferido ser prudentemente, para no casarse con hacer una iniciativa propia”, dijo.

Sin embargo, según tres fuentes involucradas directamente, la oficina del comisionado de paz sí está adelantando una serie de conversaciones reservadas con abogados y expertos para explorar soluciones a las múltiples dificultades jurídicas de la paz total. Esta iniciativa es propia del gobierno con el apoyo de la Embajada de Suiza en Colombia.

“Es una discusión con un grupo de juristas para entender y atender los........

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