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La violencia sacudió al Valle del Cauca en abril. En Cali, el 4 de abril, un carrobomba estalló en el batallón de la Tercera Brigada. En Toro, al norte del Valle, murieron cinco personas masacradas cuatro días después. El 20 de abril mataron al concejal Carlos Londoño en Tuluá, y el sábado 25 la víctima fue el concejal Jhon Fredy Gil, en Jamundí. Una secuencia de noticias que perturbó a una región acostumbrada a la violencia.

Los hechos han opacado el arranque de la gobernadora Dilian F. Toro en su segundo mandato. Su campaña prometió “autoridad”, pero ha tenido que enfrentarse a un contexto que parece superarla. “Ahora que estoy acá, me doy cuenta de que era más grave de lo que pensaba cuando estaba afuera”, le dijo a La Silla la gobernadora Toro. “Todavía se pueden hacer muchas cosas, pero si no nos apoyan, vamos a tener problemas futuros”, agregó.

Toro pide al gobierno de Gustavo Petro mayor contundencia en sus acciones. Sus críticos le exigen a ella resultados, tras ocho años de liderazgo de su grupo político en el departamento.

Más allá de las últimas noticias, las cifras reflejan un aumento en la intensidad de la violencia. En 2022 hubo 10 masacres, en 2023 hubo 13 y en lo que va de este año van cuatro, según cifras de Indepaz. Los homicidios bajaron un 9 por ciento en el primer trimestre, pero la disminución fue principalmente en Cali, donde hubo 54 víctimas menos que en el mismo periodo de 2023. En el departamento la diferencia respecto al año pasado fue de solo nueve casos, lo que refleja el aumento en otros municipios.

“El panorama no es fácil para el departamento y se va a complicar. Finalizando el año va a ser inmanejable”, le dijo a La Silla un asesor de la gobernadora en la materia de seguridad, quien pidió la reserva por no estar autorizado para hablar.

El Valle del Cauca, por su ubicación, es en un punto estratégico para las rentas ilegales, que abundan en el Cauca y tienen salida al mar por el puerto de Buenaventura. A eso se le suma la herencia narco, los rezagos del conflicto y las promesas incumplidas del Estado.

“Convergen diferentes expresiones de la violencia, principalmente disidencias y residuos de grupos posfarc. También hay un crecimiento exponencial del crimen organizado en las ciudades intermedias”, explicó Denis Huffington, investigador de la Fundación Paz y Reconciliación. “En los últimos seis años no hubo una política de seguridad acorde, ni a nivel departamental ni nacional. No se implementó el acuerdo de paz, lo que llevó al crecimiento de grupos disidentes y se siguió persiguiendo el fantasma de la insurgencia, mientras el crimen organizado........

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