El gobierno del Presidente Gustavo Petro ha anticipado, sin sonrojarse siquiera, que está preparando un zarpazo a las atribuciones asignadas constitucionalmente al Congreso de la República. Es el segundo gran desafío al sistema institucional, después del “decretazo” con el que se quiso saltar al Congreso para convocar a una consulta popular. Ahora lo hará, nada más ni nada menos, que para decretar tributos en vista de que el legislativo se niega a hacerlo. Es decir que Petro va a desconocer el más viejo principio de la democracia liberal, es de 1215, el que dio origen a los parlamentos: no hay impuestos sin representación.

Lo anuncia justo a las 5 p.m. del día que comienza la vacancia judicial, que incluye a la Procuraduría, y tres días después de que el Congreso ha entrado en receso confiando en que a hurtadillas podrá generar una situación de hecho que evada el sistema de controles.

En las primeras reacciones algunos han entrado en la discusión de si estamos frente a un hecho sobreviniente o si las circunstancias económicas amenazan con convertirse en una grave perturbación del orden económico y el Presidente ha expuesto razones para afirmar que sí, que sí están dadas esas condiciones que exige la Constitución para echar mano de un estado excepcional que, como si fuera poca cosa, traslada transitoriamente competencias legislativas al Presidente de la República, es decir revuelca como el que más el diseño democrático del Estado.

Esa, a mi modo de ver, es una discusión secundaria, aquí lo que hay es el intento de rompimiento del orden constitucional, expresado tan básica y abiertamente como que: “si el Congreso no aprueba unos impuestos, yo los adopto por decreto”. No, el decreto de impuestos es, como ya dije, el origen de la democracia........

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