El público en general debe estar bastante confundido sobre si la postura fiscal de Colombia durante 2023-2025 está siendo muy restrictiva o demasiado expansiva. Los discursos del gobierno petrista suelen ir en la línea de que “el establecimiento” no los deja gastar a sus anchas y que requerirían poder cobrar más impuestos y gastarlos sin ataduras de Ley.

Pero resulta que tenemos un mandato Constitucional de compromiso territorial, el cual hoy asegura 35% de los “ingresos corrientes de la Nación” (el SGP) para atender las necesidades regionales en educación y salud, al tiempo que las regalías (cercanas a 1% del PIB) aportan a la infraestructura regional.

Además, los organismos internacionales y la Carf nos alertan sobre riesgo de un déficit fiscal elevándose de 4,2% del PIB hacia 5,3% durante 2023-2024 y acompañado de una relación Deuda Pública Bruta/PIB del 60% del PIB. Es evidente que tenemos problemas fiscales estructurales, a pesar del mayor recaudo reciente ( 2% del PIB).

En efecto, la deuda pública ha pasado del 35% del PIB en 2010 al 52% en 2019 y hoy bordea ese 60%. Esta requiere pagos de intereses que se han duplicado y hoy llegan al 4% del PIB. Luego es importante analizar el nivel del gasto, su composición y las diferencias entre presupuesto y sus ejecuciones.

El cuadro adjunto ilustra cómo........

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