La constitución es el acuerdo sobre distribución de los poderes públicos que limita a los gobernantes. En el siglo 21 casi todos los habitantes del mundo pueden leer y escribir, lo cual facilita la participación ciudadana en asuntos de interés general y exige reglas básicas efectivas y claras, que sirvan como guía de convivencia. Las constituciones liberales definen derechos universales y reglas para conciliarlos y protegerlos, reglas para establecer reglas adicionales, que no pueden vulnerar esos derechos, y reglas para juzgar si las conductas se sujetan a las reglas establecidas.

La historia nacional es sucesión de propósitos fallidos en la tarea de construir estado de derecho. Al independizarse de España Colombia era analfabeta; dependía hasta hace medio siglo de su minoría letrada para ordenar su Estado, siempre con régimen presidencial. El siglo 19 se marcó por pugnas sucesivas entre centralismo y federalismo, y entre conservatismo y liberalismo.

Tras la guerra civil entre 1899 y 1902 vivió una fase conservadora, de tres décadas, y una liberal de tres lustros. Entre 1948 y 1958 vivió violencia política explícita, régimen militar y transición a una alternación entre dos partidos, que produjo relativa paz y facilitó la transición de país rural a urbano. Entre tanto el tono de la carta fundacional cambió, de una redacción conservadora en 1886 a una liberal en 1936, y a una tecnocrática en 1968. Entre tanto, el número de departamentos creció en exceso. La terminación del Frente Nacional tuvo poco impacto en las instituciones.

En 1991 la Asamblea Constituyente redactó nueva carta, con reconocimiento detallado de derechos, en línea con los acuerdos internacionales suscritos, y mecanismos para su protección, para lo cual la creación de la corte constitucional significó gran avance. Sin embargo, la nueva Carta estableció pésimos procesos básicos para la formación del legislador, cuya tarea es hacer reglas sin violar los cimientos del Estado. En adición, no modernizó los procesos para formar la organización a cargo de la justicia, y preservó el régimen presidencial, cuyo discutible fundamento es la separación entre quien hace las reglas y quien administra. De otra parte, aseguró la desarticulación entre gobierno central, regiones y localidades, y no instauró mecanismos efectivos para asegurar control.

Abundan los pronunciamientos de censura a quienes legislan y administran, pero no se pone en tela de juicio el proceso para su designación. Se vive la ilusión de que los procesos básicos vigentes permitirán con mejor gestión lograr el objetivo de construir el Estado Social de Derecho, fundado en el respeto y la solidaridad, y cambiar de manera efectiva las condiciones del grueso de la población, con ingreso por habitante siquiera cuatro o cinco veces el actual. Entre tanto, la violencia, la corrupción y el desperdicio campean, el crecimiento es inadecuado, y la desigualdad y la informalidad prevalecen.

Casi toda Latinoamérica vive problema similar, con malos sistemas políticos, deficiente educación pública, e ilusión de que un líder inexistente producirá milagros. No se aprende del capital internacional, que revisa estrategias, procesos y organización de manera sistemática y permanente, porque la realidad cambia.

Es hora de pensar en grande y arreglar las reglas básicas del Estado para construir armonía y prosperidad.