La glotonería fiscal, la voracidad recaudatoria, el ansia innata de este Gobierno socialcomunista de apoderarse del dinero ajeno por medio de toda clase de figuras tributarias y sancionadoras no conoce límites. En 2025, España batió el récord de ingresos vía impuestos, con 325.356 millones de euros recaudados. Un 10,4% más que en 2024, ahí es nada. El pasado año creció lo obtenido a través del Impuesto sobre la Renta (IRPF), que le reportó a las arcas públicas la friolera de 142.466 millones de euros. También lo hizo el IVA, que aportó 100.000 millones, y contribuyeron asimismo a esta fiesta en la que el Estado cobra lo que los ciudadanos pagan en los tributos especiales, siempre muy socorridos para los ministros de Hacienda, entre otras muchas fuentes tributarias de las que mana el dinero producido con el sudor de la gente.

Otro de esos manantiales de los que bebe el Estado y que desangran al españolito medio procede de las sanciones de Tráfico, que también han pulverizado todos los registros en un momento en el que, para más inri, peor conservadas están las carreteras de toda nuestra historia. La cosa tiene bemoles. Los datos oficiales que acaban de conocerse muestran que en 2025 la Dirección General de Tráfico (DGT) puso más de 6,1 millones de denuncias o, lo que es lo mismo, 16.730 al día, casi 700 a la hora, cerca de 12 cada minuto y una cada 5,2 segundos. No contenta con tales registros, acaba de conocerse también que dicho organismo oficial prevé invertir más de un millón de euros en adquirir nuevos radares dinámicos para los vehículos de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. ¿Se incentiva a los agentes que más sanciones imponen? Depende de lo que se entienda por incentivo, pero los objetivos hay que cumplirlos, y la caza del conductor bajo la justificación de prevenir accidentes es uno de ellos. ¿Revierten estos ingresos adicionales en una mejora del pavimento para evitar dichos accidentes? No lo parece. Lo único que se sabe a ciencia cierta es que más de la mitad de las carreteras presentan daños graves o muy graves, y que el déficit acumulado de conservación alcanza ya los 13.500 millones de euros. Así lo atestigua al menos la Asociación Española de Carretera, una cifra que reabre el interrogante sobre el destino del dinero que se nos esquilma.

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