El pasado 17 de noviembre, Bolivia junto a Sudáfrica, Bangladés, Comoras y Djibouti, presentaron ante el Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) una solicitud para investigar cuál es la situación en los territorios palestinos ocupados, como afirmó el fiscal de este tribunal, Karim Khan, anunciando que “su mandato se aplica a presuntos crímenes cometidos durante la guerra actual”. Sin embargo, los equipos del tribunal no pudieron entrar en la Franja de Gaza ni en Israel, sobre todo porque este último no es miembro de la CPI, subrayando en un comunicado que su oficina “recibió la remisión y actualmente está investigando la situación”.

El Gobierno boliviano había presentado esta solicitud junto con otros Estados “que comparten las mismas preocupaciones”, para que este tribunal preste “atención urgente a la situación actual en vista de su gravedad” y alentando a otros Estados, partes del Estatuto de Roma, “a unirse a la remisión o a proporcionar remisiones separadas de forma independiente”.

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