El sanchismo sigue intentando proyectar una imagen de pluralidad, convivencia interna y respeto de las instituciones, pero ese relato choca con una realidad política cada vez más marcada por la tentación de controlar las instituciones, con un intervencionmismo creciente. Un fenómeno que no es ni aislado ni ajeno sino un síntoma de una deriva que encuentra ecos preocupantes fuera de España, en Estados Unidos con Donald Trump. Sus amenazas a Jerome Powell por no plegarse a sus exigencias sobre los tipos de interés certifican su visión patrimonialista del poder. La Reserva Federal, como cualquier banco central serio, debe actuar con independencia. Cuando un dirigente pretende someterla a sus intereses, no solo pone en riesgo la estabilidad económica, sino que debilita los contrapesos democráticos que sostienen el sistema. Sin embargo, sería un error contemplar este tipo de prácticas como algo lejano. En España, Pedro Sánchez sigue en sus trece de intentar influir en el funcionamiento de la Justicia y de otras instituciones clave. Desde los bloqueos y negociaciones en la renovación del Consejo General del Poder Judicial hasta reformas legales con un tufo a interferencia política, que no ha dejado de crecer. Aunque los contextos y las formas difieren, el fondo del problema es similar: la dificultad de algunos líderes para aceptar límites a su poder. Tanto en Washington como en Madrid, la presión sobre órganos independientes erosiona la confianza ciudadana y alimenta la percepción de que las reglas del juego pueden adaptarse al interés del gobernante de turno. Defender la independencia institucional no debería ser una cuestión ideológica, sino un principio básico de cualquier democracia sólida. Cuando los gobiernos, sean del signo que sean, cruzan esa línea, el daño no es inmediato pero sí profundo y duradero. La verdadera fortaleza democrática no reside en la uniformidad ni en la disciplina interna, sino en el respeto escrupuloso a la autonomía de las instituciones.

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