Los cimientos del Estado autonómico luego de 16 años de su constitucionalización son frágiles y existen muchos factores para ello. Uno de los principales el económico, que limita en demasía cumplir con las expectativas y funciones de impulsar el desarrollo económico, productivo y social a nivel departamental; o promover el desarrollo humano, urbano con la prestación de servicios públicos a la población, en el nivel municipal. Así como la gestión del territorio y desarrollo de los pueblos indígenas, en ese nivel.

Sobre el ejercicio competencial autonómico, la CPE establece que, la asignación o transferencia de competencias debe estar acompañada de la definición de la fuente de recursos económicos y financieros necesarios para su ejercicio. Es imposible ejercer competencias y transfórmalas en políticas públicas, sin contar con la fuente que garantice liquidez para su ejecución.

Desde su consumación constitucional, el funcionamiento autonómico ha estado malogrado por dilaciones y cálculos políticos que enturbiaron las aguas de un “pacto fiscal” que estuvo marcado para el año 2012, una vez publicados los resultados del censo nacional de población y vivienda. Es evidente que no solo hubo estancamiento en lo económico, sino que, por medio de leyes, decretos y/o mecanismos de control político........

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