Nuestro título de hoy invita a la reflexión y a la acción, ciertamente, conforme a la constitución y las leyes de Venezuela, la libertad de expresión y el derecho a la información se encuentran reconocidos como garantías y derechos humanos pero en la realidad existe censura, autocensura y hasta gente judicializada por emitir ciertos mensajes en redes sociales. Asimismo existen leyes que pretenden penalizar el odio pero su efectiva aplicación solo se manifiesta contra el “odio” que expresan personas asociadas o vinculadas a la oposición. En otras palabras, algunos pueden odiar y otros no.

Al parecer, la sola opinión, la crítica y la interpelación a los gobernantes, a los funcionarios públicos o a personalidades públicas que manifiestan simpatías hacia las acciones del gobierno actual ya es un delito de odio, una difamación, un irrespeto a la honra y la vida privada. Si esa interpretación jurídica pasa de ser la excepcionalidad a la cotidianidad daría como resultado gobernantes a los que solo se les puede aplaudir, funcionarios públicos que no rindan cuentas y personalidades........

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