El 22 de octubre de 2024, la Asamblea Nacional revisó un informe sobre la situación de Citgo y acordó solicitar la aplicación de la Ley de Extensión de Dominio, es decir confiscarle los bienes, a ochenta (80) diputados de la Asamblea Nacional electa en 2015, bajo el argumento falso que han contribuido a la eventual pérdida de la empresa. La primera interrogante que surge es por qué a esa cantidad y no a los ciento doce (112) diputados que fuimos electos. ¿A quiénes excluyeron y por cuál razón? Ello sugiere que hay un interés político en la aplicación de la ley anteriormente nombrada con el objeto de causar daño.

En efecto, el contenido fundamental de la ley deja claro las causales de su aplicación, ninguna de las cuales recaería sobre el tema concerniente a Citgo. En su Artículo 1 se pauta que Esta Ley tiene por objeto establecer mecanismos que permitan la identificación, localización y recuperación de los bienes y efectos patrimoniales originados por actividades ilícitas o destinados a éstas, así como la extinción de los derechos y atributos relativos al dominio de los mismos a favor de la República, mediante sentencia, sin contraprestación ni compensación alguna.

Por su parte, el Artículo 5 define lo siguiente. Actividad ilícita: Toda actividad tipificada en la legislación contra la corrupción, la delincuencia organizada, el financiamiento al terrorismo, la legitimación de capitales y tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas y estupefacientes, aun cuando no se haya dictado sentencia en el proceso penal correspondiente. Bienes: Son todas aquellas cosas que pueden ser objeto de propiedad y son susceptibles de valoración económica, sean éstas muebles o inmuebles, fungibles o no fungibles, tangibles o intangibles, incluyendo acciones, títulos, valores y activos digitales, así como las ganancias, frutos, productos, rendimientos o permutas derivados de dichos activos. Extinción de dominio: La extinción de dominio comprende la declaración de titularidad a favor del Estado de los bienes y efectos patrimoniales de personas naturales o jurídicas relacionados con actividades ilícitas, mediante sentencia firme, sin contraprestación, ni compensación de ninguna naturaleza, salvaguardando los derechos de terceros de buena fe.

En consecuencia, ninguno de los delitos representados en la ley se corresponde con las actuaciones de los diputados en el caso de Citgo y si se emplea la ley con el propósito de castigar a parlamentarios en el ejercicio de sus funciones, estaríamos ante un hecho evidente de abuso de autoridad y uso político de la ley. El citado informe es francamente deficiente en su forma y contenido al no tomar en consideración los factores que han provocado la situación de Citgo ni mucho menos el contexto de una política económica y petrolera destructiva que ha provocado un riesgo real que la empresa pase a manos de acreedores ansiosos de cobrar la deuda por los expropiaciones no pagadas de 2007-2009 de Crystallex y Conoco Phillips entre tantas otras, además de los intereses acumulados y el capital correspondiente a la emisión del bono Pdvsa 2020. A partir de esos episodios se generaron una cantidad importante de demanda contra Venezuela. Allí reside la razón de los litigios contra Venezuela. Pero a ello no se hace referencia en informe.

Voy a ejercer mi defensa pública y a relatar los hechos y situaciones que han provocado la crisis de Citgo, para lo cual es vital revisar los antecedes, porque lo que está ocurriendo tiene un origen claramente ubicado en el masivo endeudamiento que sufrió Venezuela a partir de 2005 y del cual esa empresa es una víctima. No hay ningún fundamento para acusar y menos penalizar a quienes nada tuvieron que ver con la situación de Citgo y más bien hicieron todo lo posible para salvarla a partir de 2019 porque con el incumplimiento de los pagos de la deuda externa que Maduro acordó en noviembre de 2017, la pérdida de la empresa era literalmente un hecho.

La causa que causó la crisis

Entre 1999 y 2002 la gestión de las finanzas públicas mostró un comportamiento moderadamente conservador, el cual se correspondió con la etapa ortodoxa de la política económica del presidente Hugo Chávez. En la medida en que fue cambiando la naturaleza del proyecto político al unísono fue modificándose la fisionomía de las cuentas del gobierno y de superávits se fue pasando a déficits recurrentes, en particular a partir de 2005, tal como se evidencia en el Cuadro 1.

Dos factores explican este incremento de la deuda pública. En primer lugar, la ampliación del ámbito del Estado en la economía mediante expropiaciones y confiscaciones de empresas a partir de 2007, que de solventes pasaron a requerir repetidos aportes de fondos que comenzaban a escasear, la ampliación de la nómina del

sector público y, en segundo lugar, el anclaje del tipo de cambio deterioró significativamente la gestión financiera de Pdvsa y con ello disminuyó el aporte fiscal, con lo cual se afectó las cuentas del gobierno. Adicionalmente, el esquema de tipo de cambio fijo o cuasi fijo requería la emisión de deuda en dólares y pagadera en bolívares para hacerla atractiva a los tenedores de moneda nacional, tal como se comenzó a hacer desde 2006, con un esquema absolutamente perverso para la sanidad fiscal de Venezuela.

De esta manera, buena parte de las emisiones de deuda externa entre 2005 y 2012 se orientaron a procurar, por una parte, cerrar la brecha entre el tipo de cambio oficial y paralelo y por la otra, proveer divisas a los importadores en vista de la estrechez de liquidez que fue confrontado el BCV debido a los traspasos de las reservas a Fonden. En la gran mayoría de los casos se trató de bonos denominados en dólares pero

comprados en bolívares al tipo de cambio oficial. Esto significó una especie de venta anticipada de reservas internacionales con el objeto de sostener artificialmente el esquema de tipo de cambio fijo que desde 2003 mantuvo el gobierno. En estas condiciones, mientras el gobierno se endeudaba en dólares, recibía bolívares del sector privado que éste no quería mantener en su cartera de inversiones, en vista de las expectativas cada vez más evidentes de devaluación de la moneda que se materializaron con posterioridad a 2012.

Lo más notorio de este lapso, entre 2005 y 2012, es el salto monumental que registra el endeudamiento de Pdvsa, el........

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