La consejera Concepción Saavdra, a la izquierda, en el encuentro con los grupos políticos de la Junta General / PdA

Vicente Montes

La consejería de Salud confía en que la Ley de Salud Mental asturiana inicie su tramitación parlamentaria en abril o mayo del próximo año. La consejera Concepción Saavedra ha presentado a los grupos parlamentarios de la Junta General el borrador de la ley y ha expresado la voluntad de que concite “el máximo consenso posible”.

Para ello, el gobierno regional ha extendido hasta el próximo 14 de enero el plazo para recibir alegaciones. La consejería de Salud ha abierto una ronda de reuniones con profesionales, pacientes, familiares (a la que ahora se incorporan los grupos políticos) para sumar propuestas y cerrar acuerdos antes de su remisión a la Junta General. “Nos comprometimos a traer la ley antes de finalizar el año. Ahora ya está en audiencia y queremos que todos puedan plantear sus alegaciones”, ha afirmado Concepción Saavedra.

La responsable de Salud ha explicado que su departamento se reunió hace dos días con el Foro de la Salud Mental y que, además de ese encuentro, mantendrá encuentros individuales con distintos actores del sistema: “Con los profesionales, con los psiquiatras, con los psicólogos, con las asociaciones de pacientes y de familiares, para poder llegar a un consenso en lo que se refiere a la ley y también con los grupos políticos”, ha detallado.

En cuanto al contenido, Saavedra resumió que la norma reconoce derechos específicos de las personas con discapacidad psicosocial, ordena la participación y define el modelo de atención de la red. “Esta ley habla de los derechos de las personas con discapacidad psicosocial, algunos generales y otros muy específicos”, ha señalado para destacar que el texto crea estructuras para garantizar esos derechos y establece el modelo comunitario como eje del sistema. “Es una ley que blinda muchas cosas, blinda derechos, pero también blinda estructura y........

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