Aumenta la presión para que Barbón cese a dirigentes por la crisis minera: el SOMA exige "máxima celeridad y transparencia"

Los socios de Gobierno, IU, instan a Barbón a "valorar otras derivadas políticas" más allá de las medidas administrativas tras el demoledor informe que desnuda el Servicio Minero

CC OO afirma que Enrique Fernández, actual presidente de Hunosa, debe "asumir responsabilidades" por su gestión como consejero de Industria, ahora en tela de juicio

La Brigada de Salvamento Minero, saliendo de la mina de Cerredo. / LNE

Cuando Belarmina Díaz anunció su dimisión quince días después del accidente de la mina de Cerredo, en el que perdieron la vida cinco trabajadores, las voces que en aquellos momentos exigían responsabilidades por una tragedia que golpeó fuertemente a la región se relajaron. Sin embargo, las demoledoras conclusiones del informe de la Inspección General de Servicios sobre cómo ha funcionado en los últimos años el Servicio de Minas –con inspecciones con "chivatazo", el uso de los proyectos de investigación (PIC) para "eludir" el cierre obligado de la minería del carbón o deficiencias en la plantilla– han vuelto a despertar una tormenta que cada día aumenta más la presión sobre Adrián Barbón para que "depure" responsabilidades políticas. Sobre las mesa, dos exconsejeros que ahora ocupan otros altos cargos: Enrique Fernández , actual presidente de Hunosa, y Nieves Roqueñí, cuyo cese al frente de El Musel exigió ayer el gobierno local de Gijón.

Si bien los partidos de la derecha han hecho resonar con fuerza la necesidad de que caigan cabezas por el desbarajuste en la política de control minero del Principado, los socios de gobierno de Barbón, de IU, también alzan ahora la voz tras conocer el informe y advierten de la pertinencia de "valorar otras derivadas políticas que pudiera haber", aunque por el momento no apuntan a nombres concretos. Ovidio Zapico, coordinador de IU y consejero de Ordenación del Territorio del Principado, anunció ayer que analizarán "políticamente" el informe en su Colegiada (el área de dirección del partido). Para, a partir de ahí, marcar su hoja de ruta.

"El Gobierno de Asturias ha dado un paso muy importante cuando, hace un año, decidíamos solicitar a la Inspección de Servicios un informe que yo creo que va a ser la piedra angular de todo. Yo creo que el informe, que nadie cuestiona, que nadie pone en duda lo que dice en él, hay que analizarlo con detenimiento porque hay mucho que analizar ahí. Va a abrir la puerta a muchísimas incógnitas y va a dar muchísimas respuestas desde todos los puntos de vista: desde el administrativo, desde el judicial y también desde el político", indicó.

Para Zapico, el informe "abre la vía para muchísimas respuestas. Unas en el ámbito administrativo, que ya hemos visto por dónde se pueden encaminar", además de que "seguramente va a ayudar a la investigación judicial. Es la primera vez que una comisión de investigación tiene un documento que no genera ninguna duda".

En cambio, prefirió no valorar la "no celebración" de un pleno extraordinario sobre el accidente, que reclamó el PP para que Barbón responda por las deficiencias descritas en el informe. "No se va a llevar adelante, pero la verdad es que no conozco los entresijos", indicó.

El sindicato minero SOMA-FITAG-UGT también continúa elevando el tono. "En el caso de que se determine la existencia de responsabilidades políticas, resulta imprescindible que se adopten las medidas oportunas para su depuración con la máxima transparencia, celeridad y claridad", señaló ayer su secretario general, José Luis Alperi. El sindicato sigue insistiendo en "la necesidad de aportar certezas para las familias del afectadas del accidente de Cerredo". "Seguimos exigiendo una investigación exhaustiva, transparente y rápida. Es necesario saber qué pasó, cómo pasó y quiénes son los responsables", añadió.

En Comisiones Obreras son aún más duros en lo que respecta a exigir responsabilidades. "Que ahora Enrique Fernández esté señalado es consecuencia de una mala praxis de la Consejería de Industria, por no haber tomado medidas. No lo decimos nosotros, lo dice el informe. Teniendo eso en cuenta, debería asumir responsabilidades y, si no lo hace, deberían hacerlo sus compañeros de viaje. Entre ellos, el presidente del Principado", valoró ayer Javier Vázquez, de la Federación de Industria del sindicato, en referencia a que fue el actual presidente de Hunosa quien propuso inicialmente la supresión del servicio de Seguridad Minera en 2019, cuando era consejero de Industria. Y reconoció: "Una persona con esos antecedentes no nos parece una persona para presidir absolutamente nada".

A pesar de la presión creciente en su entorno, Barbón cuenta con el respaldo de su partido. En la FSA hay una calma tensa a la espera del dictamen de la comisión parlamentaria, cuyas conclusiones se darán a conocer definitivamente a finales de mayo. Con ese clima se desgranó ayer el informe internamente en una Ejecutiva del partido en la que respondieron a dudas acerca del demoledor análisis sobre la administración minera en la región.

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El Presidente, no obstante, dice tener la conciencia tranquila. "Sé que nada compensará jamás a las familias y amistades de los fallecidos, que todo los parecerá poco. Tienen toda la razón. Pero uno se queda, al menos, con la sensación de estar haciendo lo que debe, todo lo posible para que esa tragedia no vuelva a repetirse", afirmó ayer, insistiendo en su discurso.

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