La corrupción, en contratación pública y en general, en el manejo de los recursos públicos y en el ejercicio de la función pública colombiana, se puede derrotar. La endemia de la corrupción obedece y es consecuencia directa de los estímulos tácitos, disfrazados de legalidad, camuflados con la laxitud y tolerancia cómplice, del ordenamiento legal que rige la institucionalidad vigente, efectivizada en impunidad.

La impunidad, la garantiza el colapso, ético y moral, del poder público y la sociedad. Los gobiernos, representantes de cualquier empresa política, hasta hoy, respecto al control y derrota de la corrupción y la impunidad, ninguno ha demostrado voluntad política, ni responsabilidad social, para asumir y ejecutar políticas de Estado, que garanticen la erradicación de la corrupción y la impunidad.

La corrupción y la impunidad son el cáncer socioeconómico-fiscal que socava e impide el desarrollo nacional. De acuerdo con conclusiones de entes de control e investigaciones particulares recientes, el fisco colombiano pierde o se deja robar de los corruptos, más de $60 billones anuales. Suma equivalentes a varias reformas tributarias tradicionales y muy superior al déficit fiscal actual.

El flagelo de la corrupción puede derrotarse y erradicarse. Se requiere voluntad política, responsabilidad y honestidad del Congreso, los poderes públicos y la sociedad. Se requieren reglamentos concretos y precisos, además de sanciones contundentes y sumarias para los responsables de actos de corrupción. Esas decisiones exigen la redacción y adopción de un Estatuto Único de Contratación Pública y su aplicación estricta, obligatorio para todo tipo de contratación de obras, suministros y prestación de servicios. Ese Estatuto, tiene que ser absolutamente obligatorio, para todas las entidades que manejan recursos públicos, incluidas las mixtas y prestadoras de servicios públicos y el sector salud.........

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