Durante años, el cuidado ha sido tratado como una obligación privada, silenciosa y casi invisible, asumida principalmente por las familias —y, dentro de ellas, por las mujeres— como si se tratara de un deber natural y no de una responsabilidad social compartida. La reciente Sentencia T-319 de 2025 de la Corte Constitucional marca un punto de inflexión en esa comprensión y abre un debate impostergable: el cuidado no es una carga doméstica, es un derecho fundamental en construcción que compromete al Estado, a la sociedad y a la familia.

El caso que dio origen a esta decisión de la Corte Constitucional es, al mismo tiempo, excepcional y cotidiano. Una mujer de 100 años, con múltiples enfermedades crónicas y dependencia severa para realizar actividades básicas, solicitó a su EPS el reconocimiento de servicios domiciliarios de cuidado y atención integral en salud. Su familia,........

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