Hoy tenemos en marcha una reformulación del Estado tal que sostenga y expanda los aparatos represivos, con las mal llamadas "defensa", "seguridad", "inteligencia" y "justicia" al frente. Policía, fuerzas armadas, servicios secretos, tribunales y cárceles para perseguir, castigar, disciplinar.

También se sumarán los organismos y acciones más vinculadas a la política exterior, entendida sobre todo como captación de grandes corporaciones para que inviertan en el país. Así como a escenificar el alineamiento férreo hasta la sobreactuación con un sedicente "Occidente".

Un lugar relevante, por supuesto, para las áreas encargadas del retiro de obstáculos a la acumulación del capital. Así como al servicio de la canalización de ganancias rápidas y fáciles a la amplia gama de capitalistas amigos. Allí encuentra lugar de privilegio el ministerio hoy llamado de Hacienda.

También requiere especial atención la organización del desmantelamiento de la vasta variedad de órganos estatales y empresas públicas que se quiere suprimir o privatizar. Se ubica en ese rol restallante el ministro Federico Sturzenegger que une a esas competencias la de eliminar o modificar normas regulatorias de la economía.

El conjunto puede ser visto como una confluencia de propensiones "ultraliberales" en lo económico con un autoritarismo político en crecimiento. Este último es el que desplaza al poder legislativo y autonomías provinciales en beneficio del poder ejecutivo nacional. Además puede (y debería) ser analizado como un experimento a escala mundial de una modalidad de gobierno al servicio directo de las grandes corporaciones.

Una distopía capitalista de autogobierno por parte de las empresas de escala global. Con las autoridades nacionales como gestoras de sus intereses a través del monopolio de la fuerza "legítima" y una voluntad inusitada de ataque sobre las condiciones de vida y de trabajo y los derechos de las clases subalternas.

¿Es todo esto legítimo? ¿Respeta lo........

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