Teniendo en cuenta acontecimientos recientes, algunos podrían considerar que España es un referente en relación al derecho al asilo político en el mundo. Basta ver el claro afán por cuidar al máximo los detalles para fletar, a principios de este mes, un avión de las Fuerzas Aéreas para trasladar al opositor venezolano Edmundo González Urrutia hasta Madrid, aunque ya había un acuerdo entre gobiernos y los salvoconductos estaban en orden. Sin embargo, esta no es la práctica habitual.

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) señaló en su informe anual que España se sitúa, de hecho, a la cola en la Unión Europea en relación al reconocimiento de asilo.

El pasado 9 de septiembre, solo un día después de la llegada del político venezolano, al aeropuerto de Barajas en Madrid arribó Rabah Bacha, junto con su marido y su hija pequeña, Aziza, de un año y medio. Tanto ella como su familia provenían de El Aaiún, en los territorios saharauis ocupados por Marruecos, para huir de la persecución de la policía marroquí.

Rabah sufrió un aborto en abril de este mismo año.
Ahora, ella y su familia solicitan el reconocimiento del derecho a asilo por parte de las autoridades españolas, convencidos de que una vuelta al territorio dominado por el régimen marroquí será sinónimo de una detención y probablemente de una desaparición forzosa.

El Grupo de Trabajo sobre Derechos Humanos en los Territorios Ocupados, ACAPS y NOVACT, presentó en junio un informe donde documentó 133 vulneraciones de derechos fundamentales de los saharauis en los territorios ocupados por Marruecos, solo durante el año........

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