La reciente muerte de Noelia, ocurrida a las puertas de la Semana Santa, nos ha dejado una inevitable sensación de fracaso colectivo. Esa chica, sin conocerla, terminó siendo un poco parte de la familia de cada uno; la veíamos tan frágil y vulnerable, tan rota por la maldad y la crueldad ajenas, que nos hubiera gustado abrazarla y protegerla. Y rezamos hasta el último momento creyendo que sería posible detener la espiral de locura que acabó empujándola a la tumba con sólo 25 años. Nadie debería morirse a esa edad. Y menos aún por una inyección letal administrada por el Estado. 

Algunos pensamos que el Estado debe ser asistencial. Y que, en los casos en que no lo es, la razón de su existencia termina siendo discutible. El Estado tiene la obligación de proteger las vidas de los habitantes de una nación; de ofrecernos seguridad en las calles, las infraestructuras o los hospitales. Si no es así, si se limita a ser una superestructura meramente institucional, con un coste elevado y casi ninguna función práctica, entonces la tesis ultraliberal de que el mejor Estado es el que no existe cobra inevitablemente sentido. 

Pero, como tantas veces nos ha demostrado la Historia, lo que ninguna nación debe tolerar es que el Estado se convierta en una máquina de represión, tortura y muerte en manos de psicópatas. El Estado asesino. Una picadora de carne gigante, con millones de súbditos a los que poder enviar al otro barrio en cuanto el partido político de turno (no me obliguen a darles siglas) baja el dedo pulgar. Y entonces, caput. Da igual que sea una chica de 25 años herida en el fondo de su alma, o un embrión que ya ha empezado a vivir en el útero materno. El Estado criminal no hace prisioneros. 

A Noelia hubo que haberla salvado principalmente por dos motivos: primero, porque era evidente que no estaba en condiciones de poder tomar decisiones sobre sí misma de manera responsable. Segundo, porque siendo eso así, primaba el deseo de sus padres de salvarla. Pero hay una tercera razón aún, que para mí es la primera: el derecho a vivir es irrenunciable cuando existen vías para hacerlo efectivo. La muerte no puede ser una opción cuando hay (gracias a Dios) medios, tecnología, ciencia, etc., para transformar un infierno vital en algo más llevadero y humano. No podemos resignarnos a que morir sea la única alternativa al dolor y a la desesperación. 

Noelia no era «una minusválida en silla de ruedas», como muchos dijeron con temerario desprecio a la verdad. Pero aunque lo hubiera sido. Las vidas no son más dignas porque se tenga más movilidad, o más autonomía. Solamente Dios, que es Nuestro Creador, tiene autoridad para hablar sobre la dignidad de una vida humana. El Estado, por muy progresista que se defina el Gobierno de turno, carece de autoridad para decidir sobre la «muerte digna» de nadie. Más bien al revés, es el Estado el que se llena de indignidad manchando sus manos con la sangre inocente de una persona débil e indefensa que simplemente necesita ayuda. Y que tiene derecho a recibirla.

Hemos de combatir con fiereza, con violencia si fuera necesario, las aberraciones morales del aborto y de la eutanasia, dos asuntos cruciales en la batalla de nuestra civilización. Sabiendo que quizá seamos las últimas generaciones conscientes de que la única dignidad humana tiene su origen fuera de nosotros, y no depende ni de nuestros méritos, ni de nuestras medallas. Depende exclusivamente de ser todos hijos de un mismo Padre. 

© La Gaceta