De Allende en Chile a los fondos de compensación en Palestina: ¿Cómo han cambiado las armas para derrocar a los adversarios, del golpe de Estado al estrangulamiento económico?

En la mañana del 11 de septiembre de 1973, el cielo de Santiago no anunciaba únicamente una tormenta militar; estaba siendo testigo de los últimos momentos de una experiencia política que pretendía demostrar que el acceso al poder podía producirse a través de las urnas, incluso cuando el proyecto político del vencedor se encontraba en abierta contradicción con los intereses de las grandes fuerzas económicas y estratégicas. Los aviones del ejército chileno sobrevolaban la capital, mientras los tanques cercaban el Palacio de La Moneda. En su interior, el presidente Salvador Allende comprendía que habían comenzado las últimas horas de su Gobierno.

Allende no contaba con un ejército leal capaz de romper el cerco, ni con un aliado externo dispuesto a intervenir para salvar a su Gobierno. En sus últimas palabras, transmitidas por radio, habló a los chilenos de la esperanza y de un futuro que no terminaría con su caída. Pero aquel día terminó con un sangriento golpe militar que derrocó al primer presidente marxista que llegó al poder mediante elecciones democráticas en América Latina y abrió el camino al general Augusto Pinochet para establecer un régimen militar que se prolongó durante 17 años, dejando tras de sí miles de víctimas, detenidos y exiliados.

Sin embargo, la importancia del 11 de septiembre de 1973 no reside únicamente en la forma en que cayó Allende, sino en la pregunta que trascendió el propio caso chileno: ¿cómo puede una gran potencia derrocar a un Gobierno que no desea sin verse obligada a ocupar el país? ¿Y qué ocurre cuando el cambio de poder se convierte en un objetivo, pero la intervención militar directa pasa a ser demasiado costosa en términos políticos, militares y morales?

Para responder a esta pregunta, Santiago no debería considerarse un punto de partida, sino una etapa destacada dentro de un proceso más prolongado. Teherán la precedió en 1953, cuando el Gobierno de Mohammad Mosaddeq fue derrocado tras la crisis del petróleo y el conflicto en torno a su nacionalización; después Guatemala, en 1954, donde los intereses económicos y geopolíticos se convirtieron en un factor decisivo en el derrocamiento del Gobierno de Jacobo Árbenz; y posteriormente el Congo, donde la Guerra Fría se entrelazó con la lucha por los recursos y con la posición del Estado africano en el sistema internacional. En cada etapa las herramientas cambiaban, pero la lógica seguía siendo la misma: debilitar al adversario desde dentro, aislarlo, agotar su capacidad de gobernar y, finalmente, empujar al sistema político hacia el punto del colapso.

En Chile, el arma se manifestó en su forma más evidente: aviones, tanques y fuerzas armadas irrumpiendo en el centro del poder. Pero la propia experiencia reveló los límites del golpe militar directo, ya fuera por su coste político, por el nivel de violencia que lo acompaña o por la dificultad de repetirlo en entornos internacionales más sensibles. Con el paso de las décadas, las herramientas de presión comenzaron a evolucionar desde medios duros y directos hacia instrumentos más encubiertos: operaciones secretas, guerra de la información, presiones diplomáticas, sanciones económicas y asedio financiero, hasta llegar al control de los flujos de dinero y de la capacidad de los Gobiernos para acceder a sus propios recursos.

Aquí cambia la naturaleza de la batalla. Ya no es necesariamente necesario derrocar al adversario enviando tanques a la capital. A veces basta con que el Gobierno sea incapaz de pagar los salarios de sus funcionarios, financiar sus servicios públicos, cumplir con sus obligaciones, mantener la confianza en su economía o acceder a sus recursos financieros. En lugar de atacar militarmente el centro del poder, se puede estrangular gradualmente su capacidad de funcionamiento, de modo que la presión económica se transforme en una crisis política, la crisis política en una crisis de legitimidad y, finalmente, el propio sistema se encuentre ante opciones limitadas: retroceder, negociar bajo las condiciones del adversario o colapsar.

Esta transformación se hace más evidente en los casos de Irak, Venezuela e Irán, aunque las circunstancias, las herramientas y los resultados de cada caso sean diferentes. En Irak, las prolongadas sanciones se entrelazaron con la guerra, posteriormente con la ocupación y con el cambio de régimen. En Venezuela, las sanciones sobre sectores estratégicos y las restricciones al acceso al sistema financiero internacional se convirtieron en parte de una lucha política abierta en torno al poder. En cuanto a Irán, las sanciones y la presión financiera se transformaron en un elemento permanente de una estrategia más amplia destinada a influir en el comportamiento del Estado y en su capacidad económica y estratégica, sin recurrir necesariamente a una guerra total.

De este modo, el paso del golpe de Estado al estrangulamiento económico constituye algo más que un simple cambio de herramientas; supone una transformación en la propia arquitectura del poder. El poder ya no se mide únicamente por el número de aviones, tanques y misiles, sino también por la capacidad de controlar el sistema financiero, el movimiento de capitales, los mercados, las cadenas de suministro, las sanciones, la ayuda y los recursos que los Gobiernos necesitan para sobrevivir. En un mundo profundamente interconectado desde el punto de vista financiero, el acceso al dinero puede convertirse en un arma cuyo impacto no sea menor que la capacidad de emplear la fuerza militar.

En el caso palestino, esta lógica adquiere una dimensión extremadamente sensible a través de la cuestión de los fondos de compensación. Estos fondos no constituyen simplemente un recurso financiero ordinario, sino que representan una parte esencial de la capacidad de la Autoridad Palestina para pagar los salarios, financiar los servicios públicos y mantener el funcionamiento regular de sus instituciones. Por ello, retenerlos, retrasar su transferencia o deducir partes de ellos no puede considerarse únicamente una medida financiera; plantea una cuestión política más amplia sobre los límites del uso de los recursos económicos como........

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