Podría parecer que la llegada de la Segunda República, y con la presencia de tres ministros socialistas y ugetistas en el Gobierno (nada menos que con las carteras de Justicia, Hacienda y Trabajo), se iba a acelerar el establecimiento de los seguros sociales obligatorios equiparándonos a la mayoría de países europeos vecinos y a muchos latinoamericanos. Pero no fue así, a pesar de que el artículo 46 de la Constitución republicana de diciembre de 1931 establecía la regulación del Seguro de Enfermedad entre otros seguros sociales como el de invalidez, vejez o paro forzoso.

En la sesión de las Cortes del 6 de abril de 1932, el ministro de Trabajo y Previsión Social, Francisco Largo Caballero, presentó un Proyecto de Ley por el que la República suscribía y ratificaba los Convenios Internacionales relativos a distintos asuntos, y entre ellos, el Seguro de enfermedad de los trabajadores de la industria, del comercio y de los sirvientes domésticos, y el Seguro de enfermedad de los trabajadores agrícolas, adoptados en la Conferencia internacional del Trabajo celebrada en Ginebra el año 1927, Proyecto de Ley que se aprobó definitivamente el 8 de abril de 1932. Sin embargo, en la práctica, esta ratificación de convenios internacionales no supuso ningún cambio efectivo, ni tampoco supuso una primera piedra para su implantación, y menos aún del necesario y vital Seguro de enfermedad.

Pasaron los meses, llegó el «bienio negro» y el Gobierno derechista de Lerroux-Gil Robles seguía dando largas a una materia tan sensible para la clase trabajadora. Finalmente, en julio de 1935 el ejecutivo nombraba una Comisión con el fin de estudiar la «implantación del Seguro de Enfermedad en España», pero de nuevo volvía a ser mera propaganda mediática, pues no solo no incluía a ningún representante de los partidos y sindicatos obreros (solo del Estado a través del Instituto Nacional de Previsión, y de corporaciones médicas y médico-farmacéuticas), sino que daba un plazo ¡de 5 meses! (hasta final de año) para que la Comisión emitiera un dictamen, plazo que se amplió a dos meses más en la Gaceta de Madrid del 21 de diciembre. Una prueba palpable de los intereses que podían guiar esta Comisión, y del carácter clasista del hipotético «Seguro de Enfermedad» que hubieran propuesto, fue que el presidente de la Comisión era el subsecretario de Sanidad y Beneficencia, y también catedrático de Medicina, Manuel Bermejillo Martínez, personaje que obtendrá en febrero de 1936 el acta de diputado por Burgos con la coalición derechista de Gil-Robles (CEDA). Las elecciones que dieron la victoria al Frente Popular, impidieron que dicha Comisión concluyera su estudio.

En esta situación esperanzadora de que la República española se constituyera por fin en una verdadera «República de trabajadores», surgió la voz potente y clarificadora del médico comunista y diputado por Cádiz del Frente Popular, Daniel Ortega Martínez (Fuentecén-Burgos, 1898), quien fue entrevistado por Mundo Obrero en marzo de 1936 antes de la constitución oficial de las Cortes el día 16 de marzo. Su consigna era tajante: «¡HAY QUE IMPLANTAR EN ESPAÑA URGENTEMENTE EL SEGURO SOCIAL DE ENFERMEDAD!». Era la primera vez que un diputado republicano reclamaba de esa manera imperiosa la reivindicación de ese derecho. Antes que él, desde el cooperativismo católico y el catolicismo social, el periodista y sociólogo Severino Aznar Embid (Tierga-Zaragoza, 1870) reclamaba en 1915 a través de la prensa la necesidad de un Seguro social de enfermedad, y a éste le siguió el médico Manuel Martín Salazar (Montellano-Sevilla, 1854), que fue Director General de Sanidad (1916-1923) y senador del Reino en la legislatura 1921-1923, quien en aquellos años anteriores a la Dictadura de Primo de Rivera reclamaba desde la tribuna y desde la prensa, como «signo de progreso sanitario de un país», la implantación del seguro de maternidad y el de enfermedad.

Sin embargo, Daniel Ortega, a la promesa de trabajar inmediatamente desde el poder legislativo por conseguir ese derecho, «porque pocos problemas........

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