El nuevo modelo de salud de los educadores colombianos y su implementación para casi 820 mil maestros, es objeto de una amplia controversia nacional por las dificultades que se están presentando desde el 1 de mayo en que despego la transición.

Los educadores públicos colombianos gozan desde el año 1989, cuando se expidió la Ley 91 por el presidente Virgilio Barco, de un régimen especial de salud y prestacional –como ocurre con las Fuerzas Militares, con los trabajadores petroleros y con las universidades públicas-.

Honrando su palabra de campaña presidencial con Fecode, el ex presidente liberal Virgilio Barco, creó con la mencionada ley 91, el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) que se financia con los aportes de los educadores y del Estado, los cuales son administrados por la Previsora que es una sociedad de economía mixta del orden nacional, sometida al régimen de las empresas industriales y comerciales, que está vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Empresa de Seguros que nació el 6 de agosto de 1954, que por muchas décadas ha sido controlada por reconocidos gamonales conservadores como el parlamentario Efraín Cepeda Saravia de Barranquilla, quien ha hecho una enorme –gigantesca- fortuna (depositada en bancos europeos y de la Florida) con la red de contratistas y operadores, -en este caso el único que ha monopolizado los contratos en 25 departamentos-, que a lo largo de 3 décadas han tenido el control de la salud de los educadores públicos.

Así que el FOMAG, en honor a la verdad, es una conquista social y laboral de la lucha de los maestros organizados en la Federación Colombiana de Educadores por largos años, desde que, en la década del 60, con las históricas huelgas lideradas por Adalberto Carvajal, se alcanzó la organización del Situado Fiscal educativo y los Fondos Educativos Regionales (FER) por parte del ex presidente Carlos Lleras Restrepo con su trascendental y masiva reforma del Estado.

En el actual debate, el FOMAG no está en cuestión. El FOMAG es uno de esos logros de la “lucha de clases” colombiana con amplia incidencia en la organización del Estado que se debe blindar y preservar por encima de cualquier otra consideración.

Sin embargo, el clientelismo y la corrupción lo permearon por décadas, con graves daños para la salud de los docentes y sus familias. 4 o 5 operadores o intermediarios se adueñaron –al amparo de la narrativa neoliberal de la Ley 100 de 1993- de la prestación de los servicios de los educadores. Con decir que solo un contratista –muy conocido, por cierto- llego –y tiene, aun hoy- a monopolizar los contratos en 25 departamentos mediante un sistema de componendas, amarres con ciertos directivos magisteriales, tráfico de influencias y pagos de jugosas coimas, mediante transferencias bancarias desde los hospitales hacia cuentas bancarias privadas. Otros contratos de salud claves en departamentos como Cundinamarca, Bogotá y Antioquia, quedaron en manos de otros operadores con fuertes vínculos hacia directivos magisteriales que migraron al mercadeo político y electoral de la “izquierda”. Cuando posteriormente se dieron algunos ajustes para regionalizar la contratación con los........

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