En “Puerto Resistencia” (Cali), uno de los lugares especialmente emblemáticos del estallido social de abril del 2021, que llevo a la elección de Gustavo Petro a la presidencia de la República con su programa de transición para la paz, el jefe de Estado hizo la propuesta de realizar en los próximos meses una Asamblea Constituyente nacional y popular.

La tesis central que da sustento a su iniciativa se refiere al sistemático bloqueo institucional de las reformas sociales antineoliberales a la salud, las pensiones y al régimen del trabajo, que se encuentran bajo el control de una poderosa camarilla empresarial, corporativa y mafiosa. Bloqueo que tiene tres escenarios de ejecución: el Senado de la Republica donde las reformas están paralizadas; el poder judicial, donde han sido anuladas varias credenciales de senadores del Pacto histórico, por parte del Consejo de Estado que, igualmente, destituyo a la prestigiosa senadora María José Pizarro del cargo de vicepresidenta del Senado y ha suspendido de manera arbitraria a varios diplomáticos del gobierno ante el gobierno de México; y el poder ejecutivo infiltrado por las mafias del uribismo y la ultraderecha que campean en Ministerios e institutos descentralizados.

Los intereses y privilegios corporativos de los dueños de las EPS, los Fondos privados de pensiones y del régimen regulatorio de las relaciones laborales, han tejido una malla institucional y política que bloquea y obstruye cualquier intento de transformar esos campos del espacio social nacional. Son billones de pesos saqueados del presupuesto público con los que, por lo demás, se soborna una amplia plantilla de parlamentarios, políticos y medios de comunicación de masas que trabajan de manera simultánea y concertada para impedir a toda costa los proyectos legislativos formulados por el gobierno del Pacto histórico.

Es, por lo demás, el reflejo de la aguda disputa política devenida con el ascenso popular al gobierno en la actual coyuntura histórica, en que se da una amplia transición política hacia la paz con justicia social y ambiental sustentada en el Plan de desarrollo........

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