La corrupción en el Estado es un monstruo con múltiples tentáculos. Es una práctica que muchas veces resulta difícil detectar, pues la misma se camufla y maquilla para evitar ser identificada.

En la actual coyuntura, la corrupción se ha convertido en la noticia del día a raíz de los escándalos registrados en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD de los cuales Olmedo López y Sneyder Pinilla son los personajes centrales con fuertes referencias y salpicaduras en altos funcionarios del gobierno y reconocidos parlamentarios.

La corrupción tiene un profundo impacto en la opinión pública por la escasez de recursos, por la crisis económica y social, por la situación de la salud, por los problemas de violencia e inseguridad.

Después de la primera consulta nacional anticorrupción adelantada el 26 de agosto del 2018 a nivel nacional con sus siete preguntas para que los votantes pudieran aprobar o rechazar (Sí o No), el fenómeno no presentaba la trascendencia que alcanza hoy.

Lo de Olmedo López y Sneyder Pinilla tiene las dimensiones de los grandes robos en la historia de Colombia como el de Samuel Moreno con su Carrusel de la Contratación; lo de Odebrecht de Santos; lo de Agro Ingreso Seguro de Uribito; lo de Ecopetrol; lo de Reficar, etc.

Así que la lucha contra el flagelo de la corrupción y saqueo de los dineros públicos está en el primer lugar en la agenda pública; sigue siendo una tarea pendiente, más en un gobierno cuyo presidente hizo de la bandera contra la corrupción su prioridad en su larga carrera como parlamentario de izquierda.

El presidente Petro está obligado a profundizar y afinar la acción contundente contra la delincuencia de cuello blanco infiltrada en su gobierno; la misma que pulula por todos los institutos púbicos como ocurre en el ICBF, Invima, el Ministerio de Defensa, la Policía, el Ejercito, Computadores para Educar, la Agencia de tierras, la Unidad de Victimas, el Fondo para la Seguridad del Ministerio del Interior, el Ocad paz, en el Sistema General de Regalías, en Ecopetrol, en Invias en el Vice Ministerio del Interior, en la Guajira, en CorMagdalena, en la Fiduprevisora, en las Corporaciones Autónomas, en las alcaldías, en los departamentos, por mencionar algunos casos.

Pero, las preguntas que conviene plantearse son las siguientes: ¿en que esta la lucha contra la corrupción en el actual gobierno progresista del Pacto Histórico? ¿Se bajó la guardia frente a esta problemática? ¿se olvidaron los compromisos de la consulta anticorrupción como ocurrió con la señora Claudia López en la alcaldía de Bogotá? ¿Se dejó la tarea de combatir la corrupción a las indefensas veedurías ciudadanas y auditorias sociales? ¿solo se menciona el tema como una formalidad por parte de entidades claves como la Secretaria de transparencia y la función pública? ¿regresamos a la situación en la que la tarea de denunciar a los corruptos solo la hace la prensa independiente, mientras la Fiscalía anticorrupción, la Contraloría y la Procuraduría siguen como un adorno institucional?

En el Plan Nacional de Desarrollo, Colombia, potencia mundial de la vida, se aprobó el artículo 200 que ordena la creación de una estrategia Nacional de lucha contra la corrupción para, supuestamente, fortalecer las instituciones democráticas y el Estado Social de Derecho, garantizar la protección de los derechos humanos, proteger los........

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