En febrero de 2018 se produjo el desalojo de un inmueble en la calle Macarena que pretendía dar soluciones habitacionales a gente sin hogar. 18 personas fueron identificadas y 6 de ellas fueron detenidas y enviadas a prisión preventiva. El próximo 15 de julio comienza el juicio de estas personas, para las cuales la fiscalía solicita penas de 5 años y medio y 3 años y medio. La desproporción de los delitos imputados y las penas a las que se enfrentan ponen de manifiesto la estrategia de persecución y criminalización de las instituciones hacia los movimientos sociales en Sevilla.

En 2017, un colectivo de activistas y personas sin hogar, hartos de la inacción de las diferentes administraciones que debían garantizar su acceso a una vivienda digna, comenzaron a realizar intervenciones en viviendas desocupadas orientadas a dar soluciones habitacionales a personas sin hogar del barrio de la Macarena. De esta iniciativa nacieron experiencias como la Corrala Dignidad, que funcionaron bien y permitieron dar un hogar a gente que se veía obligada a dormir en la calle.

En el marco de estas iniciativas, en febrero de 2018, este colectivo de personas accede a un inmueble en la calle Macarena. Un inmueble que albergó, con anterioridad, el Centro Social Autogestionado Casas Viejas. Al día siguiente, 18 personas fueron objeto de una intervención policial brutal que terminó con la detención de 6 de ellas y la identificación de otras 12 personas más. Las 18 personas identificadas no se encontraban, además, dentro del inmueble, siendo detenidas e identificadas personas que fueron a apoyar al colectivo que había realizado la ocupación, pero que nunca accedieron al inmueble. Las 6 personas detenidas fueron enviadas directamente a prisión preventiva por el juez de instrucción, en una decisión injustificada, que sólo pretendía poner coto a las acciones........

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