Recientemente, con el apoyo de la organización internacional ATD Cuarto Mundo (uno de los agentes autorizados por el Comité Europeo de Derechos Sociales -en adelante CEDS-), órgano encargado de velar por el cumplimiento de la Carta Social Europea -en adelante CSE) se ha presentado por la Oficina Jurídica por los Derechos Sociales (organización informal constituida por personas a título particular y por organizaciones sociales de lucha contra la pobreza como Marea Básica, la plataforma RMI tu derecho, ATD Cuarto Mundo, el Observatorio de la Exclusión Social, el Foro ServSocial Madrid y otros) una reclamación colectiva ante el CEDS, demandando al reino de España por el grave incumplimiento de la CSE (el principal instrumento internacional de reconocimiento de derechos sociales de aplicación en los países del Consejo de Europa) en la ley del Ingreso Mínimo Vital (IMV), la medida estrella del gobierno anunciada con pompa y boato, pero de un impacto muy negativo para la gente más empobrecida, si atendemos tanto a los informes anuales del Defensor del Pueblo, como de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF), de las principales redes y organizaciones de lucha contra la pobreza (EAPN España, Cáritas España entre las más destacadas) , de la doctrina jurídica especializada en esta temática o por la protesta generalizada de las organizaciones sociales y de las redes de afectados.

Como explica la página web del propio Comité, la inédita reclamación contra España “se refiere a los artículos 1 (derecho al trabajo), 7 (derecho de los niños y adolescentes a la protección), 13 (derecho a la asistencia social y médica), 15 (derecho de las personas con discapacidad a la autonomía, integración y participación en la vida comunitaria), 16 (derecho de la familia a la protección social, jurídica y económica), 17 (derecho de los niños, niñas y adolescentes a la protección social, jurídica y económica), 27 (derecho de los trabajadores con responsabilidades familiares a la igualdad de oportunidades y tratamiento), 30 (derecho a la protección contra la pobreza y la exclusión social), 31 (derecho a la vivienda) y E (no discriminación) de la Carta Social Europea Revisada”.

“ATD Quart Monde alega que determinadas disposiciones de la Ley 19/2021, de 20 de diciembre de 2021, relativa al ingreso mínimo vital (LIMV), prevén toda una serie de requisitos para la concesión y mantenimiento de esta prestación en violación de las citadas disposiciones del gráfico. ATD Quart Monde se queja, en particular, de la insuficiencia de las cantidades asignadas a esta prestación, de los requisitos de edad o de residencia legal, de los plazos de asignación y de los procedimientos de revisión anual que, en ocasiones, conducen a la restitución de pagos indebidos, agravando así la situación de vulnerabilidad de las personas. ATD Cuarto Mundo considera finalmente que la LIMV y su aplicación confirman el trato discriminatorio de las personas más desfavorecidas de la sociedad”.

El texto de la demanda, que se puede enlazar pinchando aquí (https://rm.coe.int/cc241casedoc1-es…) se ha elaborado de forma colaborativa por un equipo integrado por activistas profesionales y personas afectadas por la aporofóbica ley del IMV, después de un proceso de talleres dirigido a grupos sociales y a personas afectadas para recabar información, obtener pruebas suficientes, empoderar a las personas afectadas en la reclamación de sus derechos y preparar las principales líneas argumentales de la demanda, con la que se pretende inicialmente conseguir la paralización de los aspectos más lesivos de la ley hasta que se adopte por el Comité una decisión de fondo, y obligar a un cambio legal respetuoso de los derechos reconocidos en la Carta Social Europea, que realmente sirva a una estrategia de lucha contra la pobreza y no como una mera medida de control y gestión de la pobreza.

Una vez la demanda se acepte a trámite cabe la posibilidad de adherirse a la misma por parte de organizaciones sociales de toda índole, mediante la presentación de alegaciones dirigidas al Comité.

Estas adhesiones y alegaciones pueden reforzar la acción emprendida y pueden servir para que la agenda de lucha contra la pobreza vaya poco a poco incorporándose a las agendas transversales y compartidas de las distintas articulaciones sociales que siguen creyendo y trabajando para otro mundo posible.

La iniciativa de presentación de esta demanda me ha dado pie a una reflexión màs global sobre la pobreza y las implicaciones de su carácter de violencia visible e invisible para la lucha noviolenta contra la violencia rectora y en pro de una alternativa global de defensa social de la seguridad humana.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada en el año 2015 por 193 Estados miembros de las Naciones Unidas reconoció la escala inaceptable de la pobreza en el mundo y fijó como el mayor reto mundial su erradicación, vinculando este empeño a la aplicación de políticas de desarrollo sostenible y justo que no dejara a nadie atrás y estableciendo una serie de objetivos y de medidas a adoptar.

Aunque perduran entre nosotros con una intensidad alarmante ideaciones estigmatizantes y aporofóbicas que consideran la pobreza como un asunto propio de los pobres del que desvincularnos socialmente, o que la observan como una situación culposa de las personas empobrecidas (caracterizadas como malas, viciosas, vagas, peligrosas y otras lindezas por el estilo) o como un mal irremediable e inevitable, cuando no como un efecto saludable de la ingeniería social darwinista, el hecho de que la comunidad internacional se plantee como un reto asumible la erradicación de la pobreza nos da una clara muestra de la propia naturaleza injusta y estructural del asunto, pues es técnicamente posible su erradicación y se convierte en un objetivo político al menos deseable (aunque sea con la boca chica).

Por lo que respecta a España, las estadísticas disponibles sobre pobreza y exclusión social dan cuenta de la magnitud escandalosa de la pobreza en la sociedad española y de su alarmante y demoledora extensión a pesar del crecimiento de los indicadores macroeconómicos y la aparente mejora del bienestar en la cuarta economía de la zona Euro.

Si en 2020 las estadísticas oficiales consignaban que la pobreza severa (530 euros de renta al mes) alcanzaba en España al 7% de la población (3.042.000 personas) y el porcentaje de personas en riesgo de pobreza el 26,4 (nada menos que 11.479.000 personas), los datos para el año 2023 (últimos disponibles) nos ofrecen un notable empeoramiento de la situación, con más de 3.900.000........

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