La legislación penal sobre la delincuencia grave transnacional (art.83 TFUE) es una de las competencias distintivas de la Comisión de Libertades, Justicia e Interior (LIBE) del Parlamento Europeo (PE). Ahora que se aproximan las elecciones europeas (junio 2024), toda ocasión es buena para explicar hasta qué punto el PE es una Institución directamente electiva -la única legitimada por el sufragio universal de 430 millones de ciudadanos/as en 27 Estados miembros (EEMM)-, supranacional en su alcance y con potestad legislativa.

Ciertamente, su función de legislador penal y de garantías procesales resulta determinante de su desarrollo legal en los ordenamientos nacionales de los EEMM. De ahí que la legislación europea contra el terrorismo, el narcotráfico, los tráficos ilícitos y el blanqueo ilustren este relieve, como lo hace también la Directiva contra la corrupción, incardinada en una la Estrategia UE lanzada desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa/TL y la Carta de Derechos Fundamentales de la UE/CDFUE.

La actualización de esta Estrategia durante la presente Legislatura del PE 2029/2034, ahora en su recta final, incluye una definición común de delitos encuadrados en la lucha contra toda forma de corrupción en la UE: cohecho (bribery), malversación (emblezzement), prevaricación (abuse of power), enriquecimiento ilícito (illicit enrichment), tráfico de influencias (transfer of influence) y obstrucción a la Justicia (obstruction to Justice).

Y establece asimismo una horquilla de penas y sanciones mínimas (Minimum Sanctions) que deberán incorporarse a los Códigos Penales de los EEMM, con el objetivo expreso de reforzar esa penología en aquellos ordenamientos nacionales más laxos, lenitivos o abiertamente más atrasados y por ello ineficaces en su respuesta a la criminalidad conexa a hechos de corrupción.

Es fácil colegir que cada avance o refuerzo de la legislación penal europea descansa en el apoyo de los Grupos europeístas del PE (PPE, S&D, Renew/Liberales, Greens, y buena........

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