En la reflexión sobre el impacto del clima en nuestro país y su situación hidrológica cabe reflexionar sobre algunas medidas necesarias, en relación con la normativa europea del agua.

En España, existen unas 13.000 zonas inundables que afectan a unos tres millones de personas. En los últimos 500 años se han producido más de 2.450 inundaciones, con un coste de 800 millones de euros/año. Afecciones que se han visto reducidas por el papel multipropósito que desempeñan las 1.200 presas del país en respuesta a la irregularidad del clima mediterráneo.

En lo que llevamos de este siglo, la Unión Europea ha implantado dos importantes directivas, en el año 2000 la Directiva Marco del Agua (DMA) y en 2007 la de los Planes de gestión del riesgo de inundación, sin haber logrado la resolución de nuestros problemas, por lo que parece exigible una equilibrada reflexión.

La DMA pone el acento en la protección medioambiental de las masas de agua, la participación pública, la depuración, el control de vertidos y la recuperación de costes, y es innegable que todo ello ha mejorado mucho la calidad de las aguas. Como contrapunto, esta directiva ha condicionado mucho las actuaciones de regulación y trasvases de aguas superficiales, porque pretende que las aguas circulen por los cauces en régimen natural. Es pues una norma que ignora paradójicamente la gobernanza integral del agua por estar redactada por especialistas que observan con monóculo una parte y no el todo de una realidad territorial e hidráulica singular y compleja como es la cuenca mediterránea.

El........

© Heraldo de Aragón