Para tratar de aminorar los efectos sociales de la política de concesiones a los independentistas, el Gobierno ofrece a todas las comunidades algunas de las competencias que les han sacado, en sus enjuagues particulares, los nacionalistas catalanes y vascos.

Es el caso del Ingreso Mínimo Vital (IMV), implantado por el Gobierno en 2020, con el propósito de prevenir el riesgo de la pobreza y de la exclusión social. Responsabilidad de la Seguridad Social, lo gestionaban ya en sus territorios los gobiernos del País Vasco y Navarra por su peculiar condición económica. Más adelante lo solicitaron otras comunidades, como Andalucía o Castilla y León, demandas que nunca fueron atendidas… hasta ahora que Cataluña lo ha exigido y el Gobierno se lo va a entregar.

La Comunidad Valenciana lo acaba de solicitar. Quieren asegurar la eficiencia y evitar, con una gestión cercana, picarescas como la de un ruso residente en ese territorio que lo ha estado cobrando a pesar de disponer de 98.000 euros. Creen que si lo gestionan los servicios autonómicos es más fácil de coordinar con otras ayudas sociales contra la exclusión que se conceden en cada autonomía.

En Aragón, la DGA quiere estudiar las implicaciones antes de tomar una decisión. Por ejemplo, hay que asegurar que la Administración central dotará con los recursos suficientes que permitan asumir el IMV. Este traspaso no es consecuencia de un análisis riguroso sobre si es más beneficioso para los ciudadanos que lo gestione el gobierno central o las comunidades. Se ofrece a todos como consecuencia de las presiones que el PSOE ha recibido en sus pactos de investidura, al necesitar los votos de las fuerzas a las que les interesa la debilidad del Estado. En la actual situación política, vemos como se toman decisiones que afectan a todos saltándose el debate parlamentario y los informes de organismo competentes, como el Consejo de Estado.

Puede que sea mejor que lo gestionen las comunidades, pero antes hay que estudiar a fondo por qué el Ingreso Mínimo Vital, después de tres años en marcha, no ha acabado de arrancar, con un sinfín de cambios normativos y una burocracia compleja. En junio de 2023 solo llegaba al 29% de los aragoneses que se encontraban por debajo del umbral de la pobreza.

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