Acaba de ser promulgada por el Sr. Balcázar, la ley promovida por el congreso que otorga a los empleados CAS, los beneficios de CTS (compensación por tiempo de servicio) y gratificaciones de fiestas patrias y navidad, de las que no gozaban. Los trabajadores CAS, suman algo más de 373 mil y el impacto de estas disposiciones, se estima en una suma total de S/3,100 millones anuales para empezar, al margen de las decenas de miles de millones anuales promulgados desde el congreso. Lo más serio de esto, es que el Sr. Balcázar ha descalificado la crítica profesional de Julio Velarde, presidente del BCRP. Y, se atrevió a decir, que “los economistas son simples sociólogos que conocen algo de matemáticas”. Por supuesto, sería importantísimo que Balcázar comprendiera algo de matemáticas, aunque creo que es demasiado pedir. Y, desde luego que nadie está de acuerdo con que el Estado sea el primer empleador informal y explotador de sus trabajadores. Pero lo que se tiene que hacer es una simple reflexión: En el Perú, ha crecido el número de burócratas y empleados de oficina de forma desmesurada; además que, por los procesos y normas establecidos, están inmovilizados e incapacitados para dar autorizaciones, permisos, licencias, construir y resolver las obligaciones más urgentes de la administración pública, para atender las necesidades de la población en educación (veamos el estado de los colegios), salud (ver el estado de los hospitales, postas médicas y su equipamiento), ni qué decir de las situaciones de SEDAPAL, PETROPERÚ y ESSALUD, sólo por mencionar algunos. En estas circunstancias, debemos reducir drásticamente el número de empleados improductivos del sector público, para generar el espacio fiscal que permita contratar, con todos sus derechos, a quienes realmente deban laborar en el sector público. De igual modo, se deben revisar los niveles de remuneración del personal en el poder ejecutivo, gobiernos, nacional, regionales, municipales, fiscalía, poder judicial y congreso. En realidad, lo que cabe, es una reingeniería de todo el aparato del Estado, reducir procesos e imponer en todas las dependencias, indicadores clave de eficiencia (KPI), así: A los jueces, debemos medirles el tiempo de cada caso en sus manos, el número de casos procesados y de sentencias. Igualmente, al poder judicial en su conjunto, aplicarle penalidades por casos que obliguen a reabrir. A los fiscales, medirles el tiempo de investigación por cada caso. No se puede permitir años de investigación inconducente, bajo sanción, a toda la pirámide del ministerio público. En el Congreso, sólo debe haber, como máximo, cinco trabajadores por congresista. No pueden acumular el número de trabajadores y asesores llegados con un congresista, como puesto de confianza, y quedarse cuando estos terminan su mandato. En el ejecutivo, también debemos controlar el cumplimiento de los plazos máximos para el otorgamiento de permisos y medición de productividad, entre otros. Con lo antes dicho, estaríamos en condiciones de “adelgazar” el aparato burocrático, reducir procesos y contratar al personal necesario, respetando sus derechos, sin afectar las finanzas públicas ni las matemáticas.

Por Carlos E. Gálvez Pinillos

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