Tenemos un enemigo silencioso, persistente y profundamente eficaz: el miedo de la autoridad a firmar. Esta disfunción paraliza decisiones, congela proyectos y convierte a la administración pública en un ejercicio de evasión sofisticada. Firmar —que debería ser el acto natural de quien decide— se ha convertido en un riesgo que muchos prefieren evitar: responsabilidad. Y así, el documento circula, el informe se revisa “una vez más”, la opinión legal se amplía, el expediente crece y el plazo se estira. Todo menos decidir. El problema es que la función pública debe —como su nombre lo indica— funcionar. No es un ámbito para la comodidad; es un espacio de obligación, para demostrar capacidades, asumir riesgos y avanzar. La Constitución de 1993 atribuye a la función pública la toma de decisiones; no reconoce a la autoridad el derecho a abstenerse. El poder del Estado, como........

© Expreso