En 1947 el Perú hizo algo que pocos Estados se atrevieron siquiera a concebir: extendió su soberanía y jurisdicción hasta las 200 millas marinas, para proteger sus recursos. No fue un acto simbólico. Fue una decisión política ante la depredación extranjera, y frente a un derecho internacional que no protegía adecuadamente a los países ribereños. Cinco años después, Chile, Ecuador y Perú firmaron la Declaración de Santiago y establecieron una política marítima común. Tampoco se trató de una proclama cosmética, sino de una respuesta estratégica. De ese impulso nació la Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS), diseñada como instrumento de coordinación y defensa. En 1979, Colombia se sumaría a esta renovadora institución. Hoy, más de siete décadas después, nos cuestionamos si aún honramos su espíritu fundacional, o meramente administramos su recuerdo. ¿Cuántas veces, amigo lector, ha escuchado usted mencionar a la CPPS en el debate público nacional? ¿En cuántas oportunidades la ha visto liderando posiciones regionales frente a la pesca ilegal, o ante decisiones internacionales que afectan nuestros derechos en el océano? Si la respuesta es “casi nunca” o rotundamente “nunca”, esa constatación explica más que cualquier informe técnico. El entorno actual es incluso más complejo que en los años cincuenta. Flotas industriales de aguas distantes operan con enorme capacidad tecnológica, en el borde de nuestros espacios marítimos. La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, erosiona la sostenibilidad y afecta directamente a nuestros pescadores formales. En la FAO, organismos regionales y en los nuevos acuerdos sobre biodiversidad en alta mar, se adoptan decisiones que inciden en nuestras economías y en nuestra soberanía regulatoria. Sin embargo, mientras otros bloques negocian como verdaderas coaliciones estratégicas, el Pacífico sudeste comparece con frecuencia fragmentado. La CPPS, que nació para articular posiciones comunes, hoy tiene una incidencia política discreta. No es un problema técnico. Es una cuestión de voluntad. José Luis Bustamante y Rivero justificó la extensión del dominio marítimo en la necesidad de reservar, proteger y reglamentar el uso de los recursos naturales en beneficio del país. Este concepto no es una reliquia histórica; es un mandato vigente. El mar no es retórica diplomática: es proteína, empleo, divisas y proyección geopolítica. Resulta incómodo decirlo, pero es necesario: ante la voracidad de flotas extranjeras y la creciente presión regulatoria global, es imperdonable que una organización septuagenaria no tenga la solidez ni el peso político que su historia exige. La inercia institucional no tendría que reemplazar al liderazgo. Relanzar la CPPS no significa confrontar por confrontar, ni negar la importancia de la conservación. La sostenibilidad es innegociable. Pero no puede convertirse en coartada para aceptar sin debate estándares que desconocen nuestras particularidades biooceanográficas y productivas. Tampoco ha de existir excusa para renunciar a coordinar inteligencia regional contra la pesca ilegal, o para llegar divididos a negociaciones decisivas. La región ya demostró su capacidad de influir en el derecho internacional cuando actúa unida. La tesis de las 200 millas, que fue resistida durante años, hoy es parte del consenso global. Esa experiencia debería recordarnos algo elemental: cuando el Pacífico sudeste habla con una sola voz, pesa. La CPPS necesita recuperar su razón de ser. Coordinación previa obligatoria antes de cada foro relevante. Estrategia regional frente a la pesca ilegal. Posiciones técnicas comunes sustentadas en ciencia propia. Participación estructurada del sector productivo para fortalecer la defensa de intereses legítimos. No se trata de nostalgia antiimperialista. Se trata de realismo político. Si no actuamos como bloque, otros decidirán por nosotros. Si no defendemos activamente nuestros intereses, nadie más lo hará.

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